"La burbuja inmobiliaria volvía a estar aquí y se despertaban los monstruos urbanísticos de hacía 30 y 40 años". Así narra la portavoz de SOS Costa Brava, Marta Ball-llosera, el contexto a partir del cual nació la plataforma a pocos meses para que se celebre un año de su fundación. Esta iniciativa une a diversas entidades en defensa del territorio de las comarcas de Girona y apuesta por un modelo que genere un crecimiento "ecológico y sostenible" del litoral. De hecho, esta máxima quiere llegar a todo el territorio catalán y diversas propuestas están siguiendo el rastro que va dejando esta macroorganización ecologista.

Hace aproximadamente un mes nacía la plataforma SOS Pirineus y hace pocas semanas se hacía público un manifiesto firmado por varias entidades de la zona del Camp de Tarragona agrupadas bajo el paraguas de SOS Costa Daurada. Ahora bien, el crecimiento de propuestas que buscan cuidar el entorno natural por toda la geografía catalana no viene propiciado por una situación nueva sino que es heredera de una tendencia de carácter mayoritario en Occidente.

Desde hace unos años, a pesar de los estragos que causó la crisis de la construcción que estalló en 2008, las grúas, los movimientos de tierra y los ladrillos vuelven a formar parte del día a día de pueblos y ciudades de toda Catalunya. Asimismo, también han aumentado el número de tramitaciones de expedientes y han proliferado los puntos en los órdenes del día de las diversas Comisiones Territoriales de Urbanismo (CTU) existentes. La Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) preveía que durante el último año en Catalunya se construirían cerca de 15.000 nuevas viviendas. Esta cifra, aunque queda muy lejos de los números de 2006 cuando se alcanzó el máximo histórico en construcción llegando hasta los 130.000 pisos nuevos, satura aún más un territorio que según los últimos datos hechos públicos por la Generalitat en el año 2017, tiene 40.643 pisos vacíos.

Una de las últimas medidas que ha tomado el Ejecutivo catalán para revertir esta situación es la congelación de 15.000 viviendas y el replanteamiento de los usos de sectores valorados en 20.000 más en el entorno de la Costa Brava. El secretario de Hábitat Urbano y Territorio de la Generalitat, Agustí Serra, reconocía que era "la última oportunidad como país que tenemos de suprimir un modelo urbanístico que nos ha hecho tanto daño".

Este movimiento de emergencia llegaba tras la insistencia de SOS Costa Brava, que considera que se trata de un gesto "valiente" pero al mismo tiempo comenta que "puede quedar en nada si cuando salga la aprobación inicial –prevista por la otoño– del Plan Director Urbanístico (PDU) el Govern no es firme realmente y el documento queda con muy pocas medidas". En este sentido, la portavoz de la organización también enfatiza que a pesar de esta acción, hay otros proyectos –como la construcción de la autopista C-32 de Blanes a Lloret, el proyecto de urbanización de Sa guarda en Cadaqués donde se prevé construir 104 casas y un hotel, y otro macroproyecto en la localidad de Palamós– dentro y fuera del marco de este PDU concreto, que distan de ser una iniciativa sostenible y tienen todos los avales y el apoyo del Gobierno.

El PDU de Revisión de Suelos No Sostenibles del Litoral de Girona, nombre que recibe el proyecto que está preparando la administración catalana, no es el primero de estas características que se ejecutará y tampoco está previsto que sea el último. Esta iniciativa comenzó poniendo el foco en el Alt Pirineu y tiene la voluntad de examinar la totalidad de comarcas catalanas. Ball-llosera constata que una apuesta de estas características "es una oportunidad única e histórica de revertir el modelo urbanístico hacia la sostenibilidad y la racionalidad".

Por ello pide que cada vez prosperen más las plataformas en defensa del territorio y así, "si hay reivindicaciones en toda Catalunya, la Generalitat verá que es una necesidad prioritaria hacer estos Planes Directores". Afirmación que comparte Ivan Garriga portavoz de SOS Pirineus, cuando asegura que "todo está en nuestras manos. La gente muchas veces se queja pero es poca la que decide tomar partido y implicarse realmente".

Igualmente, el modelo puede ayudar a prosperar en cada uno de los municipios. Aunque cada ayuntamiento regula a través del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) la construcción de nuevas edificaciones, al ser la Generalitat un ente supremo municipal, sería ésta la que delimitaría el marco de movimientos de cada administración local y, a la vez, dibujaría una estrategia común que no se vería afectada por los cambios de colores y de prioridades en los gobiernos municipales cada cuatro años.

Municipios: de la muerte a la saturación

Más allá de lo que tiene relación con la nueva edificación, la defensa del territorio en Catalunya también va relacionada en muchas ocasiones a un cambio de paradigma y de estrategia con respecto a la gestión del turismo. Así lo argumenta Ivan Garriga cuando comenta que lo que necesita la zona de influencia de la nueva agrupación es "un modelo socioeconómico que permita a la gente vivir de la tierra, la montaña, la agricultura y de la agricultura con subvenciones y con políticas que pongan en frente ala gente de aquí y no al sector de los servicios como está pasando ".

Las diversas fuentes ecologistas consultadas coinciden en que no están "en contra del turismo", pero sí que priorizan un modelo "que lleve una riqueza real al territorio". El turismo de sol y playa o de fin de semana ha sido durante décadas prioritario para todas las administraciones. Esta concepción del ocio, aunque desde los gobiernos se aseguraba que garantizaba un elevado número de puestos de trabajo, únicamente tiene un gran impacto en los meses de temporada alta: la época de calor en la playa y la de nieve la montaña.

Ahora bien, datos recientes publicados desmienten esta teoría. Un estudio publicado por el sindicato UGT asegura que el modelo turístico actual no se traduce en riqueza para las localidades con más presión, ya que la tasa de desempleo es en estos más alta que la media catalana, así como el abandono escolar, y también comporta una renta familiar más baja.

En la misma línea, infraestructuras emblemáticas del turismo de nieve como las pistas de esquí encadenan año tras año números rojos y deben ser rescatadas por la Generalitat y los pueblos del Pirineo se van despoblando poco a poco. Garriga recuerda que hace unos cincuenta años en pueblos del Alt Urgell como por ejemplo Vidiella, Aristot o el Pont de Bar vivían algunos centenares de personas y ahora no vive prácticamente nadie. Asimismo reitera que actividades como la ganadería comportan unos grandes esfuerzos y los bosques están muchos de ellos abandonados y sucios.

El portavoz de SOS Pirineus señala que la creación de plantas de biomasa o de más escuelas rurales, entre otros, tal vez podría revitalizar una zona que años atrás quedó en segundo término en pro de las metrópolis. "No se trata de señalar culpables porque somos conscientes de que es una dinámica en todo el mundo occidental, pero creemos que cuando antes ponemos manos a la obra antes lo podremos resolver", añade.

Defensa de la Costa Daurada

Precisamente, para proponer otras soluciones posibles ha nacido recientemente la plataforma SOS Costa Daurada. Víctor Álvarez, uno de sus miembros, explica que la costa tarraconense está empezando a sufrir agresiones derivadas de la especulación y el poco respeto por el medio ambiente. Afirma que teniendo en cuenta que "Barcelona ya estas muy explotada, las grandes empresas ahora probablemente buscan nuevos espacios para la zona de Tarragona", que es, según él, "esta parte olvidada en la que sólo se piensa para especular y para la industria química y nuclear".

La plataforma se plantea trabajar para fortalecer la zona natural del Anillo Verde de Tarragona y su litoral y empezar a trabajar en la concienciación de lo que ellos llaman "el Anillo Azul", aquel que preservaría los espacios marinos que ahora se ven amenazados por la actividad del Puerto de la ciudad y también por la contaminación de la industria petroquímica.

Los equilibrios entre las entidades ecologistas y la administración se encaminan hoy en día para tratar de enderezar una situación que poco a poco va desgastando en territorio. A pesar de las diferencias y las asignaturas pendientes, las dos partes apuestan por el entendimiento y para trabajar por un modelo menos masificado y más respetuoso con su entorno.