La Comunidad de Madrid sigue en pie de guerra contra el Gobierno central por el decreto del estado de alarma en la capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso pidieron, mediante una comparecencia conjunta, el fin del confinamiento perimetral este martes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondió tanto en rueda de prensa como en la reunión del Grupo Covid-19: los datos aún son preocupantes y las medidas tienen que continuar. El estado de alarma se mantendrá y el objetivo es que se llegue a una incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Pero, ¿qué pasará cuando terminen las medidas si no se refuerza el sistema sanitario madrileño? Que volveremos a la misma situación. "Nos preocupa que no se ponga un mayor énfasis en construir un sistema ágil de diagnóstico y aislamiento de casos, y de búsqueda, cuarentena y apoyo de contactos, mediante la adecuada coordinación de las estructuras autonómicas de atención primaria y salud pública, con el soporte de rastreadores locales y agentes comunitarios de salud contratados al efecto. Dicho sistema es la piedra angular para controlar la transmisión y hacer frente a la pandemia", explican desde la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP). 

Esta asociación de epidemiólogos madrileños pone el foco en otras medidas que tampoco se están llevando a cabo y que son necesarias para frenar el virus: fomentar y facilitar el teletrabajo siempre que sea posible, formación a distancia en niveles superiores —preservando en la medida de lo posible la formación presencial hasta la educación secundaria— o planes reforzados de prevención para los trabajadores de mayor edad o con presencia de factores de riesgo, los centros de enseñanza y las residencias de mayores y refuerzo del transporte público para hacerlo más seguro.

En efecto, la Comunidad de Madrid tiene muchas tareas pendientes. Illa explicó en rueda de prensa que, como ha fijado el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), hay que bajar mucho más la incidencia de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días: "Cuando se superan los 60 casos hay que actuar y, si se llega a más de 200, hay que tomar medidas drásticas", ha explicado para argumentar que no se levante el estado de alarma en Madrid capital pese a que la incidencia haya disminuido de 500. 

Aunque no es el único motivo porque los retrasos en las notificaciones y la propia estrategia de pruebas, reduciendo de forma drástica las PCR (un 40%) sin que se tenga documentación de que los test de antígenos compensan esta disminución, ponen en duda —una semana más— los datos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Sin embargo, las dos Administraciones hablan muy poco de lo que más le importa a los expertos. En las ruedas de prensa de ambos representantes nada se ha dicho sobre nuevas contrataciones del personal sanitario y administrativo. En la reunión del Grupo Covid-19 celebrada este martes tampoco se ha abordado, centrándose el debate en los criterios que se deben aplicar para tomar medidas, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Igualmente, no se ha tenido más información sobre el "mecanismo técnico diario de análisis de la situación epidemiológica" que acordaron la semana pasada en la reunión del Grupo Covid-19. En el encuentro del pasado martes, se articuló que se crearía ese grupo de cooperación reforzada después de que el Ministerio de Sanidad explicara que tratarían con el Gobierno regional la situación del sistema sanitario.

En España, pese a que otros países europeos lo hicieron en la desescalada, nunca se fijó un mínimo de rastreadores para garantizar un efectivo estudio de contactos. En la estrategia de Detección precoz y durante el proceso de desescalada se fijaron mínimos, como el de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles, pero no se determinó este umbral. Esto hizo que, si nos fijábamos en las recomendaciones internacionales, la mayoría de comunidades tuvieran mucho menos de la media. 

De hecho, la falta de datos concretos en la región es un problema constante de la Comunidad de Madrid: los refuerzos en Atención Primaria o rastreadores prometidos, pese del paso de los meses, nunca terminan de llegar. Los diferentes responsables políticos dan datos distintos. A mediados de mayo, el vicepresidente Ignacio Aguado prometió que se contratarían 400 técnicos de Salud Pública.

A finales de julio, las nuevas contrataciones eran 182 y se habían externalizado a Indra. Es decir, eran teleoperadores y no trabajadores con experiencia en Salud Pública. En septiembre se llegó a 710 profesionales tras contar con los 150 militares del Ministerio de Sanidad. A principios de octubre, prometieron llegar a 1.500 en este mes pero trabajadores de Salud Pública aseguran a este medio que no ha llegado ningún refuerzo tan grande. Lo mismo ocurrió con las contrataciones de Atención Primaria, que aún sigue colapsada pese a las constantes denuncias de los trabajadores.

Esto se refleja en otra clave para entender el nivel de transmisión comunitaria que hay en una comunidad. Según el último Informe Epidemiológico de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en un 42% de los casos detectados no tienen un contacto con coronavirus conocido. Es decir, casi en la mitad de los positivos.

Hasta que este porcentaje se reduzca, así como la incidencia y la positividad, no se puede bajar la alarma, según los expertos. Tanto el ECDC como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ponen como punto fundamental el estudio de contactos: si no se consiguen detectar y cortar la codena de transmisión, aunque Madrid baje la incidencia y supere el estado de alarma, se volverá a la misma situación en unos meses.