El 78% de los acuíferos españoles está en mal estado, según el último informe de síntesis de los planes hidrológicos españoles de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Otro tanto ocurre con casi el 50% de los lagos y con cuatro de cada diez ríos en nuestro país. Fuentes de agua de las que nos abastecemos para nuestro uso diario y que la presión de las actividades humanas está asfixiando a un coste muy bajo. A veces incluso gratis.

La Directiva Marco del Agua, de obligado cumplimiento para los Estados miembros, estableció un mecanismo para la recuperación de los costes del agua regido por el principio de que quien contamina paga. Es decir, que el precio del agua debería incentivar que se hiciera un uso racional y responsable del recurso. Pero su implantación en la legislación española es tan laxa y con tantas excepciones que ha derivado en un sistema que fomenta todo lo contrario.

La agricultura, una actividad a la que va a parar el 80,5% de toda la demanda de agua en España, es un caso paradigmático. De acuerdo con un estudio de WWF que analiza ocho Demarcaciones hidrográficas, los abastecimientos urbanos e industriales pagan de media 0,060 euros por metro cúbico de agua, frente a los 0,013 euros que paga el regadío. En algunos casos, como en las cuencas del Ebro o del Segura, la diferencia es de hasta siete y ocho veces más.

Aunque es cierto que suministrar agua a la agricultura es más barato porque, por ejemplo, se requiere menos depuración, la actividad tiene un altísimo coste medioambiental. Precisamente son la sobreexplotación de los recursos para usos agrícolas y la contaminación por nitratos y fertilizantes las dos causas principales del mal estado de la mitad de las masas de agua en España. Pero la normativa no refleja estos impactos en el precio. Es más, en ocasiones son estas actividades las que más subvenciones reciben y las que se benefician de un mayor número de excepciones en la regulación.

“Estamos maltratando las fuentes de las que bebemos. Y todo eso se va a terminar pagando. El precio actual del agua no refleja la escasez y no cumple con los objetivos de la Directiva. No se trata de subir a todo el mundo la tarifa, tan sólo hace falta distribuir mejor ese coste y conseguir un precio suficiente para desincentivar el malgasto y la contaminación”, señala Eva Hernández, responsable de Aguas y Alimentos de WWF. La organización se está reuniendo con representantes políticos de todos los partidos para proponer algunos cambios en la legislación en este sentido.

La actual Ley de Aguas tiene lagunas importantes. Por ejemplo, se aplica un canon de control de vertidos, pero este no incluye a las actividades que generan contaminación difusa (nitratos de la agricultura). También contempla un canon por la utilización de los bienes de dominio público hidráulico que no obliga a pagar, sin embargo, por el deterioro de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, la extracción de aguas subterráneas no está gravada con ninguna tasa, pese a que constituye un problema grave para el 34% de los acuíferos.

En ocasiones, la ley facilita incluso que se sean los usuarios urbanos los que terminen soportando en su tarifa una contaminación derivada de usos agrícolas, que se beneficia de ayudas o exenciones. De hecho, el Tribunal Supremo canceló este año parte del plan hidrológico de la demarcación del Júcar por infringir el principio de quien contamina paga. Las altas concentraciones de nitrato registradas en las aguas subterráneas por las actividades ganaderas y agrícolas habían obligado a los usuarios urbanos a pagar el coste de la sustitución de esa fuente por recursos superficiales no contaminados.

España se comprometió con Bruselas a recuperar la calidad de sus aguas hace dos años, pero ha ido pidiendo prórrogas desde que venció el plazo en 2015.