BARCELONA.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto de oficio una actuación sobre la explotación sexual de menores, algunos de ellos tutelados por la Generalitat, por parte de una red que captaba a niños desamparados en las calles de ciudades españolas para grabar, editar y vender vídeos de porno infantil.

En un comunicado, el Síndic ha anunciado hoy que ha pedido a la conselleria de Interior y a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat que le detallen las circunstancias que han llevado a estos menores, algunos de ellos protegidos por la administración, a sufrir malos tratos sexuales.

También ha pedido a la conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias información sobre las actuaciones que llevarán a acabo para atender a los menores que han sido víctimas de la red, que captó a unos 80 chicos vulnerables, 26 de ellos en Catalunya.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a siete personas en una operación que por primera vez en Catalunya ha permitido desarticular una red que captaba a menores desamparados en las calles de ciudades españolas, grababa y editaba vídeos de porno infantil y los vendía por todo el mundo.

La red, a la que se han intervenido más de un millón de vídeos y fotografías de pornografía infantil, forzó en quince años a 80 menores vulnerables, de los que al menos 29 fueron captados en las calles de Catalunya y de la Comunidad Valenciana para que, a cambio de dinero, alcohol y drogas, se sometieran a las prácticas sexuales, con adultos o con otros menores, que a veces eran grabadas sin su consentimiento.

El Síndic ha recordado que la responsabilidad de la DGAIA es proteger a los menores que están bajo su tutela y garantizarles el bienestar necesario para hacer posible su máximo desarrollo personal posible, por lo que ha pedido que le detallen las circunstancias que han llevado a los menores tutelados a sufrir estos malos tratos.

Por este motivo, el Síndic también pretende aclarar si en este caso se ha aplicado el protocolo de actuaciones en casos de abusos sexuales y, si es así, en qué momento y a partir de qué indicios.

Las víctimas de la red eran siempre chicos menores de edad, en su mayoría procedentes de la inmigración y de familias desestructuradas, algunos de ellos incluso bajo la tutela de la Generalitat, a los que la red, que se da por desarticulada al estar sus siete miembros ya en prisión, captaba y forzaba aprovechándose de su vulnerabilidad.

Una vez captados, los miembros de la organización llevaban a los menores a pisos, primero en Tortosa (Tarragona) y luego en Valencia, donde grababan vídeos con las prácticas sexuales que luego vendían en todo el mundo.

Algunos de los menores eran conscientes de que se les estaba grabando, aunque en algunos casos no era así y las imágenes se captaban a través de cámaras ocultas.

Para que los menores se desinhibieran, los miembros del grupo, al menos desde 2002 hasta 2016, les hacían visionar documentos de pornografía y les animaban a practicar sexo con otros menores o con adultos, siempre hombres, a cambio de alcohol, drogas o dinero.