El Gobierno de Ceuta estima que al menos 82 de los 780 menores migrantes no acompañados de origen marroquí, que acoge actualmente tras la avalancha de mediados de mayo, están en edad de escolarización obligatoria. Cuatro en Primaria y 78 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según los datos que ha facilitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y a la Fiscalía.

De acuerdo con la información disponible sobre la edad de los niños y adolescentes llegados a la ciudad autónoma en el marco de la avalancha que tuvo lugar entre el 17 y el 19 de mayo, un total de 310 jóvenes ya han cumplido los 17 años, por lo que en un máximo de doce meses accederán a la mayoría de edad.

Un mes después de la crisis migratoria, el pasado 18 de junio, la Fiscalía de Menores de Ceuta reunió en un encuentro telemático a todas las administraciones implicadas y a las Fuerzas de Seguridad para, entre otras cosas, alertar de la necesidad de respetar el derecho constitucional a la Educación que asiste a los menores extranjeros no acompañados, a los que la Delegación todavía espera poder devolver a Marruecos o repartir por otras autonomías manteniendo su tutela con guarda delegada a través de organizaciones como Mensajeros de la Paz o Engloba.

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha comenzado a trabajar en un proyecto de aulas intensivas de inmersión lingüística y alfabetización para los menores en edad de escolarización obligatoria con el fin de darles desde septiembre la atención escolar que precisan a los más jóvenes, mientras que para los mayores se piensa en programas de Formación Profesional de la mano de entidades colaboradoras.

Al margen de los cerca de 800 menores migrantes que acoge la ciudad en los albergues provisionales de Piniers, decenas o cientos de niños y adolescentes no acompañados siguen viviendo en asentamientos irregulares, sobre todo en la zona portuaria, o en viviendas particulares donde se les ha dado albergue temporal sin regularizar su situación en territorio español, una coyuntura "insostenible" para la administración local, según no dejan de repetir los responsables del Ejecutivo autonómico.