El grupo de 14 antifascistas de Pego (Alacant) acusados de desórdenes públicos, amenazas, atentado y lesiones han aceptado los cargos y han sido condenados a penas que oscilan entre el pago de multas desde 90 euros y hasta nueve meses de prisión. El juicio se ha celebrado este jueves y se ha resuelto gracias a un acuerdo de conformidad entre las partes.

El equipo de fútbol de Pego celebró en su estadio, en octubre de 2020, un derbi intercomarcal donde se enfrentaban La Safor y Marina Alta. Al evento no sólo asistieron los jugadores del equipo visitante, sino también su grupo ultra, que mantiene vínculos con los Yomus, el grupo de ultras fascistas del Valencia CF.

El partido celebrado en Pego no fue recordado por lo deportivo, sino por los altercados que causaron sus seguidores neonazis, que llenaron el pueblo de pintadas, pegatinas y llegaron a vandalizar un monumento en memoria de las víctimas originarias de la localidad que murieron en el campo de concentración de Mathausen. Para contrarrestar lo ocurrido, un grupo de menos de un centenar de antifascistas salió a la calle a protestar contra el desparrame de fascismo que había llegado al pueblo. 

Tras el enfrentamiento, el grupo neonazi salió del estadio escoltado por la Policía, que alega no haber podido identificar a ninguno de ellos. Sin embargo, sí que se identificó a 14 de los jóvenes antifascistas, quienes han pasado cuatro años con una causa judicial abierta, donde se les pedía hasta ocho años de prisión.

El resultado ha sido que diez personas han sido condenadas por desórdenes públicos con lanzamiento de objetos a seis meses y un día de prisión; por atentado contra agentes de la autoridad a tres meses y un día de cárcel; a un mes y 16 días de cárcel por lesiones menos graves, que se sustituyen por ese mismo tiempo de localización permanente; y a pagar 360 euros de multa por cuatro delitos leves de lesiones. Otros dos jóvenes solo han sido condenados por el delito de desórdenes públicos y los dos restantes deberán pagar una multa de 90 euros por falta de respeto a la autoridad.

Los acusados también deberán indemnizar a seis agentes de la Guardia Civil y a la Dirección de la Guardia Civil con un total de 6.573,31 euros –entre 720 y 1.793 euros, más la cuantía por los móviles estropeados–. Los letrados de la defensa han afirmado que las cantidades ya han sido consignadas.

Ante el acuerdo de conformidad entre las partes, la sala ha declarado firme la condena. Los tres abogados de la defensa han solicitado la suspensión de las penas privativas de libertad y de localización permanente, puesto que las penas son inferiores a dos años y los acusados no tenían antecedentes, algo a lo que no se ha opuesto la Fiscalía ni la acusación particular.

Sentencia "agridulce" para la defensa

A la salida del juicio, los condenados han sido recibidos por un grupo de apoyo de una treintena de familiares y amigos, quienes han permanecido fuera del edificio ante la imposibilidad de seguir la sesión en directo por el tamaño de la sala. También han acudido representantes políticos como los concejales del Ayuntamiento de Alacant, de Compromís y EU-Podem, Sara Llobell y Manolo Copé, respectivamente; o el exdiputado de Compromís en Les Corts Josep Nadal.

Los condenados y el grupo de apoyo han desplegado varias pancartas con símbolos antifascistas y lemas como "Prou repressió als que lluiten" –Basta de represión a los que luchan– o "Absolució Joves de Pego" –Absolución jóvenes de Pego–. El portavoz del Grup de Suport als Encausats de Pego, Andrés Bonet, se ha mostrado "muy contento" tras el acuerdo después de unos "años complicados" y ha agradecido a las personas que han apoyado a los encausados durante este tiempo.

En cuanto a los abogados de la defensa –Maria Josep Martínez, Joan Bertomeu y Andreu Moreno–, Martínez ha apuntado que se trata de un pacto "agridulce", ya que consideran que "no es justa una sentencia condenatoria". "No es agradable tenerte que conformar y aceptar una culpabilidad en la que no crees y dar por verídico un relato que es una verdad judicial", ha sostenido, pero ha añadido que las peticiones de ocho años de cárcel de la Fiscalía y de cinco años de la acusación particular, han provocado que se acepte el acuerdo.

"Motivación política" del proceso

La defensa del grupo antifascista ha recalcado que la rebaja de posiciones de Fiscalía y acusación particular "absolutamente increíble" evidencia, a su juicio, "lo abultado y exagerados que han sido los hechos", así como "la injusticia de todo este procedimiento".

La abogada ha considerado que no entraban "en igualdad de condiciones" al juicio, puesto que ha denunciado que "la credibilidad que tiene la Guardia Civil no es igual de cara al tribunal" que la de los acusados. Por otro lado, se han recalcado las "condiciones de anormalidad" del juicio, con la "vulneración del derecho a la intimidad" porque los agentes "han pasado lista en la calle para que los acusados entraran uno a uno". "Es una anormalidad que evidencia la motivación política de todo este proceso", ha aseverado.

En la misma línea, Bertomeu ha sostenido que se trataba de acusaciones "totalmente desproporcionadas" y con "dudas" sobre las pruebas, pero lo ha calificado de "satisfactorio" a nivel técnico. A nivel moral, ha ensalzado la "movilización social" de apoyo y el "ejemplo" de los 14, que cree que "han trasladado la fuerza a la hora de negociar".

Igualmente, Moreno ha insistido en que el desenlace del juicio "no es agradable", porque han debido "aceptar unos hechos muy discutibles", pero ha reiterado que "la idea era evitar en todo caso la posible entrada a la cárcel". Además, ninguno de los integrantes del grupo ultra que originó los altercados ha sido juzgado.