MADRID.- Podemos y Ciudadanos han renunciado a que sus miembros de la Mesa del Congreso y sus portavoces parlamentarios tengan el coche oficial que les asigna la Cámara baja, han informado fuentes de los dos partidos.

El Congreso facilita un vehículo oficial con conductor a cada uno de los nueve miembros de la Mesa, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios. En un comunicado, Podemos señala que la vicepresidenta tercera, Gloria Elizo, y el secretario cuarto, Marcelo Expósito, de En Comú Podem, han optado por renunciar a esta prerrogativa.

Lo mismo han hecho los dos cargos de Ciudadanos en el órgano de gobierno de la Cámara, los secretarios segundo y tercero, José Ignacio Prendes y Patricia Reyes, respectivamente. Podemos no ha nombrado aún a su portavoz, mientras que sí lo ha hecho Ciudadanos, que ha elegido para el cargo a Juan Carlos Girauta. Tampoco ellos dispondrán de vehículo oficial con chófer. 

Del mismo modo, la vicepresidenta socialista del Congreso, Micaela Navarro, también ha renunciado al uso del coche, que le corresponde como integrante de la mesa de la Cámara Baja, según han confirmado fuentes socialistas. Estas mismas fuentes recuerdan que el portavoz del Grupo parlamentario socialista, Antonio Hernando, ya renunció al ser nombrado en septiembre de 2014 al "uso personal" del vehículo asignado al grupo parlamentario.

Esta medida se une a otras adoptadas por los dos partidos nuevos en el Congreso de renuncia a servicios que ofrece el Congreso y que consideran innecesarios. El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ya acordó el pasado 3 de enero que todos los diputados de la formación renunciaban, entre otros "privilegios", a la tarjeta de 3.000 euros para taxis, el pago de internet en el domicilio a quienes se desplazan y reducir al mínimo posible las prestaciones incluidas en la póliza de seguro de accidentes.

También acordaron la limitación salarial a un máximo del equivalente a tres salarios mínimos, medida que se aplica a todos sus cargos públicos. Los diputados de Ciudadanos también han renunciado a que el Congreso les pague la conexión a internet en el domicilio.