La Xunta de Galicia tramita una nueva norma que permitirá a los ex empleados de una empresa instrumental desaparecida hace nueve años seguir cobrando como personal laboral de la Administración autonómica los mismos salarios que percibían de ella, notablemente superiores a los que reciben los funcionarios de carrera con el mismo nivel y funciones. Entre los beneficiarios de esa medida, que la Xunta ha sacado a exposición pública en pleno mes de agosto, están la conselleira de Infraestructuras y Mobilidade del Gobierno de Feijóo, Ethel Vázquez, y varios de los altos cargos de su departamento. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la diferencia de los salarios de esos antiguos empleados con los de sus compañeros funcionarios puede alcanzar un 30%, alrededor de 2.000 euros mensuales en doce pagas en los casos de las nóminas más altas, como la de Vázquez. Es decir, que podrán percibir en torno a 28.000 euros al año más que un funcionario de carrera que se haya ganado su plaza con una oposición. 

"Es un agravio y una aberración administrativa consentir que gente que se pasó años para sacar una oposición esté ganando hasta 2.000 euros al mes menos que otros de su misma categoría contratados por una empresa pública", subraya José Francisco Sánchez-Brunete, secretario de organización de CSIF y portavoz en la Mesa Xeral de Negociación de Empleados Públicos. Sánchez Boquete recuerda que el salario medio de los funcionarios gallegos ronda los 1.400 ó 1.500 euros al mes, lo que ni siquiera alcanza de lejos la diferencia en sobresueldo que sí podrán recibir a mayores la conselleira y quienes trabajaron con ella. 

Ethel Vázquez es una ingeniera de caminos que accedió a la presidencia de la Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) en abril del 2009, muy pocos días después de que Feijóo fuera investido tras ganar las eleccions autonómicas. Pero sólo estuvo año y medio en la EPOSH hasta septiembre del 2010, cuando fue nombrada directora xeral de infraestructuras. 

Desde entonces hasta que fue nombrada conselleira en el 2014, Vázquez compaginó ese y otros cargos con la dirección de otras empresas instrumentales de la Xunta que, al estilo de los numerosos chiringuitos de la Administración de Feijóo, permiten contratar a dedo al personal directivo asignándoles salarios opacos y no sujetos a la misma fiscalización que los de los organismos e instituciones centralizadas. Entre ellas, dirigió la Sociedad Pública de Inversiones y la Axencia Galega de Infraestructuras. 

El Consello de Contas de Galicia acaba de publicar un informe en el que alerta de la falta de transparencia, control e idoneidad de ese tipo de entidades, que ya gestionan cerca de 1.600 millones de euros, es decir alrededor del 15% del presupuesto de la Xunta. 

El pasado viernes 6 de agosto, víspera del primer fin de semana del mes de vacaciones por excelencia, la Consellería de Facenda sacó a exposición pública una orden que modifica otra norma de rango similar del año 2015, y que establecía las condiciones laborales de acogida del personal de la EPOSH como personal laboral de la Xunta. La empresa había sido extinguida tres años antes, en el 2012, y su personal fue adscrito al organismo Augas de Galicia manteniendo las condiciones de su convenio de origen a pesar, según CSIF, de que ese convenio ya había expirado. "Eso les permitió seguir cobrando hasta ahora las retribuciones que percibían en la EPOSH", sostiente CSIF. 

Lo cierto es que la norma del 2015 decretaba que los salarios del personal de la EPOSH se irían equiparando al del resto de sus compañeros, pero reconocía a aquéllos el derecho a percibir "un complemento personal de integración de carácter transitorio" durante un periodo de seis años. Terminado ese plazo, la Xunta ha decidido consolidar sus privilegios salariales, y en la orden que sacó el primer viernes de este mes, garantiza a los ex empleados de la EPOSH un "complemento adicional" permanente para no bajarles el sueldo. 

La conselleira Ethel Vázquez y quienes trabajaron con ella en la EPOSH podrán así disfrutar de ese sobresueldo cuando cesen en sus cargos políticos y regresen a sus puestos, en los que serán personal laboral fijo.Además, podrán convertirse en funcionarios gracias al proceso de funcionarización que la Xunta puso en marcha, precisamente, el pasado mes de junio. 

Resumiendo: la Xunta cubre a dedo los puestos directivos de un chiringuito que luego suprime; integra a ese personal en la Administración con salarios un 30% más elevados de los que habrían percibido si hubieran accedido al funcionariado tras ganarse una plaza por concurso-oposición, y luego hace funcionarios a los elegidos y les mantiene esas retribuciones. 

Público intentó obtener una valoración de Ethel Vázquez sobre los privilegios que le garantiza la orden del pasado 6 de agosto para cuando cese en su cargo, pero su departamento de Comunicación alegó que el asunto no es competencia de la Consellería de Infraestructuras. Según el portal de transparencia de la Xunta, la conselleira tiene un salario de 81.708 euros al año — Feijóo cobra 84.894 euros brutos anuales—. Sobre lo que no hay información alguna es sobre lo que cobraba y cobrará como funcionaria ex presidenta a de la EPOSH. 

Eligir el mes de agosto u otros periodos de vacaciones para poner en marcha leyes o medidas polémicas, quizá en la esperanza de que pasen más desapercibidas, es una práctica habitual del Gobierno de Feijóo y su aparato de propaganda. De hecho, la exposición pública de la norma que garantiza los sueldos de los directivos de la consellería de Vázquez comenzó el 6 de agosto y termina este mismo viernes, con lo que será difícil que los funcionarios que se hayan tomado vacaciones este mes puedan presentar las alegaciones que consideren pertinentes. 

Lo cierto es que la medida sí ha indignado a los que se han quedado en agosto, tal y como alerta el portavoz de CSIF, mayoritario en la función pública autonómica gallega. "No pedimos que le bajen el sueldo a nadie, pero sí que se lo suban a quienes están por debajo en su misma categoría y que se han ganado una plaza por sus propios méritos", defiende Sánchez Boquete. "La norma se ha modificado para beneficiar a una conselleira, es un acto de piratería administrativa. Llevo muchos años en esto y he visto de todo, pero como esto, nada. No es que hayan perdido el norte, es que han perdido el decoro", concluye.

CSIF lleva varios años denunciando el uso fraudulento de los chiringuitos que el Gobierno de Feijóo dice estar suprimiendo, para seguir colocando a ex altos cargos y personas afines al PP con generosas condiciones laborales y salariales. Según fuentes sindicales, la Xunta está persiguiendo a quienes se manifiestan contra esa manera de actuar. 

En la última reunión de la Mesa Xeral de Negociación de Empleados Públicos, y según la versión de CSIF, el representante del Gobierno autonómico, "visiblemente alterado", habría amenazado con emprender acciones legales contra los trabajadores que denunciaron la situación, "con el único fin de amedrentar al sindicato y tratar de silenciarlo en sus denuncias". 

Previamente, en octubre del año pasado, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ordenó abrir expediente informativo e investigación previa por una información en el boletín del CSIF, el Herald Toupeiras — las toupeiras son las galerías subterráneas de los topos, y el boletín toma su nombre como alegoría a las cañerías de los chiringuitos de la Xunta—. Uno de los artículos aseguraba que la Xunta había convocado a miles de opositores en Silleda (Pontevedra) en pleno ascenso de la segunda ola de la epidemia de covid-19, a sabiendas de que el riesgo de contagio era elevado porque ya había decidido reconfinar varias poblaciones. 

"Durante dicho procedimiento", detalla CSIF, "delegados de esta organización sindical fueron sometidos a exhaustivos pero ineficaces interrogatorios con el objetivo de que desvelasen sus fuentes de información así como a los autores de los artículos publicados en el Herald Toupeiras, todo ello en un estúpido y fracasado intento de amedrentar y silenciar a esta organización sindical".