La Xunta de Galicia aprobó el pasado viernes el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la localidad coruñesa de Sada, que contempla un plan especial de protección para el Pazo de Meirás y su entorno en el que se prevé que el inmueble y sus terrenos aledaños, propiedad de la familia Franco desde 1938, sean devueltos sin coste alguno al patrimonio público.

Se trata de la primera ocasión en que un documento legal establece por escrito la posibilidad de que el palacete que Franco obtuvo mediante una falsa donación de los coruñeses, y que fue adquirido con dinero obtenido mediante una cuestación popular basada en coacciones y amenazas, pase a ser propiedad del Estado. El Plan se ha aprobado en plena polémica por la suspensión del programa de visitas guiadas al pazo al que obliga su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), y que desde el invierno pasado gestiona la Fundación Nacional Francisco Franco. También en plena campaña para exigir la devolución del inmueble, nucleada en torno al Xunta pro Devolución que integran ayuntamientos como el de Sada y A Coruña, la Diputación Provincial, la Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña y la Universidad, entre otros organismos, asociaciones e instituciones.

El nuevo PGOM de Sada establece que la legalidad urbanística del Pazo de Meirás y de las parcelas adscritas a él estará sujeta a un planeamiento específico que contempla ese cambio de titularidad, sujeto a las acciones administrativas y legales destinadas a recuperarlo que puedan adoptar las administraciones públicas: “El plan analizará y responderá a la posibilidad de que el BIC pase a ser de dominio y uso público en base a la devolución gratuita de los terrenos al sector público que, en su caso, pueda derivarse de las normas y disposiciones legales que puedan adoptar los poderes legislativos en relación con la recuperación de la memoria histórica, así como los acuerdos y acciones administrativas o civiles que procedan a tal fin, y de la subsiguiente extinción de los títulos de propiedad actualmente existentes”, reza el documento.

Tanto el concejal de Urbanismo de Sada, Fran Montouto, como el alcalde de la localidad, Benito Portela, ambos de Sadamaioría, formación aliada de En Marea, destacaron ayer que se trata de la primera disposición normativa que contempla específicamente el reintegro del pazo al patrimonio público. Ambos destacaron que esa posibilidad está sujeta a un cambio en la Ley de la Memoria Histórica como el que propuso su formación al Parlamento gallego el pasado invierno.

En aquella iniciativa, que firmaba el diputado Antón Sánchez, se instaba al Congreso a modificar la Ley de la Memoria Histórica en los siguientes términos: “En la consideración de la ilicitud de origen que dio lugar a la detentación por la familia del dictador Francisco Franco del Pazo y fincas de Meirás, las Administraciones públicas competentes procederán, en el plazo máximo de seis meses, a la incoación de las actuaciones necesarias para su devolución al sector pública, con la debida compensación a las personas y familias víctimas del expolio”. A pesar del apoyo del PSOE y del BNG, la moción fue rechazada con los votos del Partido Popular, que alegó que entraba “en colisión frontal con el derecho a la propiedad”.

Las Torres de Meirás, en su denominación original, fueron construidas por la aristócrata e intelectual Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX sobre las ruinas de un antiguo castillo. En 1938, Franco se apropió del inmueble, que fue ampliando con expropiaciones forzosas a campesinos de la zona. Pese a las reiteradas exigencias para que lo devuelvan, sus herederos siguen disfrutándolo desde su muerte.

El inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta en el año 2008 bajo el Gobierno bipartito del PSOE y el BNG, que obligó a los Franco a abrirlo al público cuatro días al mes, un precepto que no empezaron a cumplir hasta que la justicia rechazó en el 2011 el último recurso que presentaron contra aquella decisión. El pasado invierno, y tras años de denuncias por obstaculizar e incumplir el régimen de visitas (hasta ahora la Xunta sólo los ha sancionado con una multa de 4.500 euros), los herederos encomendaron su gestión a la Fundación Franco, que proclamó que aprovecharía el encargo para ensalzar la figura del dictador. El verano pasado, la FNFF anunció que suspendía unilateralmente las visitas por motivos de seguridad tras una ocupación simbólica, lo que le ha valido la apertura de un nuevo expediente por parte del Gobierno autonómico.

En cuanto al Plan General, la Xunta le ha dado luz verde después de lustros de que Sada intentara llevar adelante una norma que pusiera coto a las aberraciones urbanísticas que se cometieron en la localidad, especialmente bajo el mandato del popular Ramón Rodríguez Ares. Regidor de Sada durante más de un cuarto de siglo, habitual visitante de Meirás en los tiempos en que Franco visitaba el pueblo en verano, defensor de su figura y contrario a obligar que sus herederos devuelvan el pazo, Rodríguez Ares también fue el apoyo de algunas de las lucrativas operaciones especulativas que la familia del dictador realizó con terrenos y parcelas adscritas al inmueble.

El documento, redactado por la consultora coruñesa Monteoliva Arquitectura, contiene un pequeño estudio histórico y patrimonial que destaca la notable emergencia que durante la República experimentaron en Sada los movimientos sociales, especialmente los de perfil anarquista, y la “represión sin precedentes” que sufrieron tras la sublevación militar del 36 y la llegada de Franco al Pardo y a Meirás.