Vox lo volvió a hacer esta semana. Aprovechó el asesinato de una niña de seis años en Gijón, presuntamente a manos de su madre, para arremeter contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, el movimiento feminista y la lucha contra la violencia de género, una lacra muy vinculada a la ejercida contra la infancia.

Los aspavientos de los dirigentes ultras cuando una tragedia de este tipo salta a la palestra contrastan con sus silencios frente a casos en los que la violencia la ejerce el hombre para, en última instancia, confundir de forma interesada la violencia machista con la doméstica, criminalizar la inmigración o reivindicar la cadena perpetua.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones a colación de otras incongruencias sobre la violencia contra la infancia, que al fin y al cabo esconden un fuerte componente machista, el uso partidista de este crimen le volvió a costar varias reprimendas en el Congreso.

Primero fue Irene Montero quien afeó a la extrema derecha que "use con tanta crueldad" el asesinato de una "criatura para intentar atacar al feminismo e intentar decir que, como la presunta autora ha sido una mujer, las feministas no van a condenar este asesinato". Así lo manifestó en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles ante las críticas de la diputada de Vox María Ruiz y lo repitió por la tarde en la comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Y es que durante la comparecencia de la ministra de Igualdad para informar ante este órgano sobre las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género -un acuerdo del que solo se descolgó Vox en su blindaje el pasado mes de noviembre- la parlamentaria de extrema derecha Carla Toscano dijo poco menos que al colectivo feminista le importa las víctimas "según quien sea el agresor, solo si conviene a su causa". "Solo una ideología infecta y podrida como es la ideología de género puede ignorar el asesinato de una niña", apostilló Toscano.

La presidenta de la comisión, la socialista Micaela Navarro, también se vio obligada a intervenir para señalar el "uso político" de este asesinato por parte de la formación de Santiago Abascal. "Me parece degradante. Jamás utilicemos a los niños como arma arrojadiza", añadió en una nueva amonestación a esta diputada en el seno de esta comisión, que precisamente "ha sido un ejemplo del consenso democrático", a excepción de Vox.

Palabras por encima de los hechos

Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de esta estrategia, que sigue la senda de su discurso del odio contra el colectivo feminista, Vox ha rechazado en el Congreso prácticamente todas las iniciativas de los grupos y del Gobierno dirigidas a investigar, responder y atajar la violencia contra la infancia.

Como preludio de sus posteriores incongruencias en el Congreso sobre esta delicada e importante materia, destaca el veto de la formación ultra a una declaración institucional sobre los derechos de los menores en noviembre de 2019, que instaba a trabajar en los compromisos recogidos en la Convención sobre los Derechos del niño para combatir situaciones como la pobreza infantil, la violencia contra los niños y las niñas o el abandono escolar.

Más tarde, Vox fue el único grupo que votó en contra de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que cosechó el respaldo de 297 diputados. Esta norma pionera, calificada de "ley Herodes" por los ultras, incluye, entre otras medidas, que la prescripción de los delitos empiece a contar cuando la persona agredida cumpla 35 años y no 18, además de que los menores de 14 años solo tengan que declarar una vez durante la investigación.

Asimismo, deja en suspenso el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato, y elimina planteamientos sin base científica, defendidos por la extrema derecha, como el llamado Síndrome de Alienación Parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.

Más ejemplos. La extrema derecha votó en contra de la ley de libertad sexual, conocida como la ley de solo sí es sí, una norma que además de recoger demandas históricas del feminismo, como el fin de la distinción entre abuso y agresión sexual, profundiza en la educación sexual para proteger a los menores de la violencia sexual y equipara en derechos a las víctimas de la violencia vicaria (la que ejerce el progenitor sobre una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre) con las de la violencia de género.

En medio de su cruzada contra lo que la ultraderecha denomina "ideología de género" para desprestigiar la violencia hacia las mujeres y la perspectiva de género, los de Abascal han arrastrado al PP y Cs hacia sus posiciones más extremas, llegando a airear declaraciones manipuladas de la ministra de Igualdad en defensa de la educación sexual para acusarle de pederastia, como ocurrió recientemente en sede parlamentaria.

Bajo el manto de su supuesta férrea defensa de la infancia, la extrema derecha y las derechas han atacado los indultos parciales concedidos a Juana Rivas y María Sevilla. La primera fue sentenciada a prisión por negarse a entregar a sus hijos al padre, condenado por maltrato. La segunda, expresidenta de Infancia Libre, entró en prisión por desaparecer con su hijo mayor después de que un juzgado le hubiera concedido la custodia del menor al padre del mismo, que había sido denunciado por abusar sexualmente del niño. 

Estas conductas han contrastado con la negativa de Vox a la apertura de la primera investigación oficial en España sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica. También en la Cámara Baja, la ultraderecha fue la única que votó en contra de encomendar las pesquisas a una comisión de expertos coordinada por el Defensor del Pueblo, quedando retratado una vez más junto al espejo de sus incongruencias.