El Parlamento de Andalucía aprobó este jueves aumentar el presupuesto en vivienda para el año que viene, con la idea de alcanzar la media europea, un 2,5% del PIB, pero al mismo tiempo Vox, PP y Ciudadanos –la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de Andalucía– rechazaron crear un instituto público de crédito que financie primeras viviendas "al mismo tipo de interés al que se autoriza a las administraciones a contraer deuda".

Los partidos que apoyan al Ejecutivo de Juanma Moreno decidieron votar a favor este jueves de algunas partes de una moción –un tipo de iniciativa parlamentarias que, si se aprueba, el Gobierno está obligado, al menos sobre el papel, a cumplir– sobre vivienda presentada por Adelante Andalucía, la coalición de izquierdas y andalucista, que el PSOE apoyó casi al completo –se abstuvo en dos puntos–. El diputado por Almería, Diego Crespo, fue quien defendió la moción.

"En Andalucía hay muchas familias que tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda asequible. Apostamos porque haya un impulso en la construcción de vivienda en alquiler que regule el mercado del alquiler. Hay un exceso de vivienda vacía que se usan para especular y que no cumple su función social. Queremos movilizar la vivienda vacía en Andalucía", manifestó el parlamentario de Adelante a Público.

Sin embargo, la derecha y la ultraderecha se negaron a aprobar, además del instituto de crédito, partes jugosas, por así decirlo, como la introducción "de la perspectiva de género en todas las políticas de vivienda" y la inclusión en la legislación andaluza, como un elemento contrario a la "función social" de la vivienda, los alojamientos "desocupados o sobreocupados durante al menos dos años", por lo que la iniciativa salió descafeinada de la Cámara.

Exclusión habitacional

Sin embargo, Vox, PP y Ciudadanos votaron a favor de asuntos de relevancia y que ahora el Ejecutivo tendrá que aplicar. Así, por un lado, "todas las personas en situación de exclusión habitacional" –incluidos los temporeros, para quienes se prevé el "impulso de una estrategia" para que accedan a una "alternativa habitacional digna" – tendrán la garantía de que la administración les proporcionará acceso a los recursos públicos de vivienda, sanitarios, educativos, de justicia, servicios sociales…

Por otro lado, "la insuficiencia de ingresos económicos no será obstáculo para el acceso a un alojamiento o vivienda protegida en alquiler". Para ello, consta en la moción, "desde la administración autonómica se contemplarán líneas de ayudas y subvenciones para hacer frente al pago de las rentas, pudiendo llegar estas a la totalidad del importe" en algunos supuestos, que no quedan especificados.

También salió aprobado que el Gobierno andaluz impulse las medidas que permitan que en los municipios exista un 30% de parque de vivienda asequible y la obligación para la Consejería de Fomento de elaborar, con carácter anual, un informe "detallado de los efectos y objetivos en la lucha contra los desahucios". Además, el Ejecutivo se compromete a crear un fondo especial para crear soluciones habitacionales adaptadas "a las particularidades del mundo rural".

El Gobierno de Moreno también pretende ampliar hasta finales de 2021 los programas, creados para combatir el impacto de la covid-19, de ayuda al alquiler de vivienda habitual y el programa de ayudas a víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables e incrementar el parque público de viviendas en alquiler.