Podemos registrará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, durante la presente semana, para perseguir legalmente a las empresas de desokupación. Se trata de una iniciativa que la formación morada ya llevó a la Cámara Baja la pasada legislatura, pero que se vio frenada por el adelanto electoral del 23 de julio. 

Podemos ha hecho coincidir el anuncio con el incidente que ha tenido lugar en Tenerife este fin de semana, cuando se ha prendido fuego al local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife. "Ha sido quemado el local del Sindicato de Inquilinas en Tenerife horas después de haber sido amenazadas por fascistas", ha apuntado Pablo Hernández, secretario de organización y portavoz del partido.

A través de un comunicado, el Sindicato de Inquilinas expresó sus sospechas sobre la autoría del incendio, señalando directamente a una empresa de desokupación. También añadió que desde el sindicato ya se había denunciado a ese tipo de entidades por amenazas.

El portavoz de Podemos también ha vinculado el incendio con este tipo de organizaciones. "Los escuadristas fascistas", ha explicado Hernández, "quieren, con acciones como estas, sembrar el miedo entre la población y lanzar el mensaje de que cualquier persona que luche en defensa de los derechos de todas y todos está en su punto de mira y corre peligro".

A continuación, ha apuntado que "los demócratas somos más" y que las personas "se van a seguir organizando" para luchar por la vivienda y denunciar a "los especuladores que financian a estos fascistas, quienes "se sienten legitimados porque las empresas de desokupación no son tratadas mediática ni jurídicamente como las bandas terroristas que son". El secretario de organización de Podemos ha insistido en que es necesario "acabar con su impunidad" y precisamente en ese marco es en el que se sitúa la iniciativa que los morados volverán a registrar en el Congreso de los Diputados.

"Queremos presentar una ley", ha especificado, "que vincule su violenta actividad con los delitos de odio y coacciones". Se tratará de una proposición de ley que impulsará la modificación de los artículos 510, 510 BIS y 515 del Código Penal "para que dichas actividades sean consideradas delito de odio y para que estas empresas sean consideradas asociaciones ilícitas".

Podemos insta al PSOE a no renovar el CGPJ con el PP

En otro orden de cosas, los morados instan al Partido Socialista (PSOE) a que renuncie a sus planes de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la mano del Partido Popular (PP) porque, de acuerdo con las palabras de Pablo Hernández, "legitimarían el lawfare" que, entre otras cosas, "estuvo a punto de tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez". Además, ha subrayado que ese "pacto bipartidista" recrudecería "la ofensiva judicial como brazo armado de la derecha".

Por su parte, Isa Serra, coportavoz del partido y recientemente elegida eurodiputada, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial, al Ministerio de Exteriores que trabaje ―incluso por la vía judicial si es necesario― para anular la medalla que entregó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de Argentina, el anarcocapitalista Javier Milei. Serra ha señalado que esa medalla "no se puede dar" ni siquiera de acuerdo con la propia legislación de la Comunidad de Madrid. 

La eurodiputada también ha aprovechado para recordar la masacre de Melilla, en la que, al menos, murieron 27 personas migrantes (aunque, tal y como ha apuntado la propia Serra, Amnistía Internacional avisa de que podría ser un centenar) cuando cumple dos años. Desde Podemos critican duramente la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber contribuido al "oscurantismo y la impunidad" y ha acusado a "la gran coalición", en referencia a PP y PSOE, de "vulnerar los derechos humanos".