El pasado martes el Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición de Ley encaminada a combatir a los grupos organizados que ocupan viviendas vacías. La propuesta registrada por el Partit Demòcrata Català fue presentada a la Cámara con el noble objetivo de agilizar el lanzamiento judicial cuando los propietarios denuncien que su vivienda ha sido ocupada.

Aunque en su preámbulo hace referencia a las mafias que trafican con pisos vacíos, la proposición olvida a lo largo del texto legislativo discernir entre las mafias que se enriquecen ilícitamente y la gente que ocupa casas como medida desesperada para no quedarse en la calle.

La Proposición de Ley aprobada con los votos a favor del PdeCat, Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, fue tildada por sus detractores (PSOE, Unidos Podemos, PNV y ERC) como un nuevo intento de agilizar los desahucios en la senda de las reformas llevadas a cabo en 2009 y 2013.

En la defensa de la propuesta en la cámara, la diputada de la antigua Convergència Lourdes Ciuró comenzaba su exposición diferenciando entre las mafias que se aprovechan de personas vulnerables ofertando viviendas “entre los 600 y los 1.000 euros”, y quienes ocupan una casa porque no las queda otra opción. Pese a ese matiz, la intervención de Ciuró giraba en torno al intento de flexibilizar los plazos para que los juzgados actúen con rapidez.

Otra vuelta de tuerca

La realidad es que desde 2009, el grueso de las medidas legislativas en el mercado de la vivienda ha ido encaminadas a agilizar los plazos para ejecutar los desahucios. En aquella fecha, la primera reforma abanderada por la ministra de Vivienda Carme Chacón aprobaba el desalojo forzoso en un plazo no superior a los 15 días, una vez expirara el periodo voluntario de lanzamiento pactado entre el casero y el inquilino.

En una nueva vuelta de tuerca, el Partido Popular rebajaba los plazos en 2013 a diez días a partir de que la denuncia fuera tramitada; además de eliminar la necesidad de una sentencia en firme para que el impago pudiese dar lugar a desahucio. Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la propuesta presentada el 14 de marzo va en la misma dirección que las medidas de desalojo exprés aprobadas por Chacón y Ana Pastor, pero esta vez centrando su objetivo en las viviendas ocupadas: “De aprobarse la ley permitiría desahuciar automáticamente sin alternativa habitacional a una familia desde el mismo momento de la notificación de la demanda, sin mostrar la más mínima preocupación por las causas o por el hecho de arrojar a la calle a familias sin alternativa habitacional”.

Desde En Comú Podem, la diputada Lucía Martín denuncia la utilización del pretexto de las mafias para criminalizar a la gente que no encuentra otra opción habitacional más que ocupar una casa: “El argumento de luchar contra las mafias ya nos suena del pasado. Con esa excusa pusieron en marcha el desahucio exprés y la gente que tenía problemas de pago, la echaban a los diez días. Ahora ya no tienen ni diez días, ni pueden alegar ninguna circunstancia ante el juez. De hecho, el PdeCat propone que tengas ese plazo para ir a hablar con el juez, pero eso no quita que te puedan desahuciar antes”.

La diputada electa por Barcelona no se fía de las intenciones del Partit Demòcrata Català. Ya en 2009, nos cuenta, el diputado Jordi Jané (CiU) –y actual Conseller de Interior de la Generalitat- manifestaba su efusividad por el decreto de Carme Chacón porque, en su opinión, serviría para dar seguridad a los propietarios de las viviendas.

Efecto positivo

No obstante, denunció que había sido una medida presentada por CiU que el PSOE se había apropiado. “Jané no mentía. Si vas al registro de Congreso de los Diputados, puedes ver como un año antes de la aprobación del desahucio exprés había una proposición de ley firmada por Duran i Lleida que iba en el mismo sentido que la medida del PSOE”. Lucía Martín mantiene que están repitiendo errores, quedando lejos el objetivo de solucionar el problema de las mafias: “Con este argumento no atacan a las mafias, quienes están viviendo en los pisos vacíos son personas que están siendo estafadas por esas bandas organizadas”.

Una de los pocos gestos positivos que los afectados ven en la futura ley es que deja fuera de esta medida a los pisos ocupados propiedad de las entidades financieras y de los fondos buitre.

En la Comunidad de Madrid, la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA por parte del gobierno regional al fondo de inversión Encasa Cibeles –filial de Goldman Sachs- provocó que el precio del alquiler se multiplicara por cinco. “Los fondos buitre están aprovechándose de una legislación pensada para los pequeños propietarios, para enviar notificaciones de desahucio a los inquilinos que arrastran impagos derivados de la subida desorbitada del precio del alquiler. Están llegando notificaciones de desahucio que no son siquiera dictadas por un juez. Es el secretario del fondo quien comunica al inquilino que se tiene que ir y si no se opone en diez días, no hace falta ni celebrar la vista”, relata Enrique Villalobos –presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)-.

La región de Madrid es una de las comunidades más amenazada por el fenómeno de los extorsionadores. A pesar de la falta de cifras oficiales, la federación de asociaciones vecinales calcula que en el conjunto de Madrid pueda haber unos 2.000 pisos acaparados por bandas organizadas.

Barrios de la periferia de Madrid como Entrevías, San Cristóbal de los Ángeles, San Isidro y Comillas malviven a diario con esta amenaza. “Afecta sobremanera a los pisos pertenecientes al IVIMA y a la Sareb en el sur de Madrid. Desahuciaron a muchas familias de un mismo edificio y estas mafias han aprovechado para hacerse con la mitad del edificio o con edificios enteros. Se enganchan a la luz, destrozan el edificio, no pagan comunidad; y hacen la convivencia muy difícil”, relata el presidente de la federación vecinal de Madrid.

Perfil de las familias

El perfil de las familias extorsionadas por estas mafias suele ser el mismo, personas de bajos recursos del sur de la capital que han sido desalojadas de sus viviendas y, en la búsqueda de nuevo acomodo, encuentran alquileres de 200 o 300 euros desconociendo que se trata de una vivienda acaparada ilegalmente.

Este hecho ha llevado a que partidos y organizaciones carguen con vehemencia contra el proyecto del PdeCat. “Es incomprensible que los mismos responsables que han llevado a que Catalunya sea la primera comunidad en ejecuciones hipotecarias, traigan esta ley al Congreso (la primera ley referente a la vivienda que presenta este partido en la legislatura) con el mensaje de que es para luchar contra las bandas organizadas”, denuncia la diputada de En Comú Podem.

El coordinador de la PAH en Madrid Luis Chamarro expresa su rabia e indignación por la ley que pretende ejecutar el Congreso: “Desde el inicio de la crisis las únicas medidas que han llevado a cabo han ido encaminadas a agilizar desahucios. Hablan de mafias, pero la gran mafia que gobierna este país son las entidades financieras que con la connivencia de los políticos y los jueces han expulsado ilegalmente a familias de sus hogares”.

Aun cuando este fenómeno está perfectamente identificado por las autoridades y corresponde a los servicios policiales perseguir estas prácticas, en los últimos tiempos se han sucedido infinidad de reportajes sobre las denominadas “mafias okupas”.

Sin ir más lejos, el año pasado la delegada del Gobierno en Madrid anunciaba la creación de una unidad policial especial para luchar contra los criminales. Aumentar el impacto y la transcendencia de la delincuencia organizada ha sido el recurso habitual de diversos medios, con descalificativos clasistas como “el Bronx de Vallecas” (Voz Pópuli, 24-04-2016) o el ABC explicando las tácticas de las mafias: “peleas de gallos y de perros, barbacoas en el patio, robos y quema de coches son los recursos habituales de estas redes de usurpación”.

Para Lucía Martín estos reportajes tienen una intencionalidad clara, desprestigiar a las alcaldías del cambio de Madrid y Barcelona: “No es casual que se hayan empezado a interesar por esta problemática a partir del año pasado”. Medios como Ok Diario han aprovechado la corriente para concluir que “Ahora Madrid dice a los vecinos que acojan a los okupas y no llamen a la Policía”. En opinión de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, la intención de estos medios es criminalizar a la propia plataforma y a la gente que está viviendo en casas desocupadas por no vivir en la calle.

Interior del inmueble abandonado situado en el número 83 de la calle Degà Bahí, en el Camp de l'Arpa, del barrio del Clot de Barcelona, donde unos okupas han encontrado esta mañana un cadáver en avanzado estado de descomposición.

“Amparando, además, a pandillas de matones organizados que desalojan a la gente de los pisos a puñetazo limpio”, añade el coordinador en Madrid Luis Chamarro. Este mismo mes, la alcaldía de Barcelona anunciaba que había dado la orden a la Guardia Urbana de proteger a la gente que está habitando en viviendas desocupadas de la violencia empleada por la banda de extrema derecha Desokupa. A pesar de tratarse de desalojos ilegales, todos los grandes medios al unísono cargaron contra la alcaldesa Ada Colau acusándola de proteger a los okupas y amparando, del mismo modo, la acción extrajudicial y violenta de Desokupa.

Partidos de la oposición, asociaciones de vecinos y defensores del derecho a la vivienda coinciden en que el fenómeno de las ocupaciones mafiosas es irrisorio en comparación con las cerca de 700.000 personas desahuciadas desde el inicio de la crisis.

El informe Radiografía del stock de vivienda 2015 señalaba que existen 389.000 viviendas vacías a lo largo del territorio español, el 86% de ellas pertenecientes a la Sareb y solo el 14% propiedad de promotores tradicionales. En la capital, los municipios del sur de Madrid lideran el ranking de vivienda nueva vacía (un 40%); y en el conjunto de España Madrid es la región con mayor número de casas sin vender (35.316 hogares desocupados). De estas, se calcula que no más de 2.000 se encuentran ocupadas por las mafias.

Si bien estamos ante una ilegalidad que daña la armonía de los vecinos, el presidente de la federación de vecinos de Madrid no desvía el foco de los máximos responsables de que se esté produciendo la ocupación de domicilios con fines fraudulentos: “Siempre hemos defendido que si el derecho a techo te lleva a una usurpación legitima no lo entendemos como un problema, lo defendemos. Lo que es ilógico es que haya viviendas vacías. No se puede señalar como culpables a la gente que ocupa casas y que no se enriquece económicamente.

La principal responsable de esta situación es la administración, que ha estado haciendo dejación de funciones y no ha garantizado que la Constitución se cumpla”. Y añade: “No puede ser que tengamos un parque de vivienda pública de menos del 2% cuando en otros países europeos ronda el 15%”.

De hacerse efectiva la Proposición de Ley aprobada en primera instancia por el Parlamento las mafias seguirán aumentando su poder, concluye Lucía Martín (En Comú Podem): “La Administración Pública no tiene capacidad de responder porque los pisos están en manos de los bancos y no se recuperan. Hay que decir alto y claro que ellos han formado parte de estas políticas y son los responsables. En Catalunya, cuando llegaron al gobierno con Artur Mas, lo primero que hicieron fue cargarse una parte de la Ley catalana del derecho a la vivienda. Esta medida permitía expropiar el uso de las viviendas que estaban vacías al cabo de dos años, si no hubieran eliminado esa ley podríamos haber obligado a las entidades financieras a poner los pisos en alquiler”.