Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de la sección 
española de Amnistía Internacional, participa en las jornadas que comienzan en la Carlos III de Madrid para denunciar la represión de la sátira política y los graves casos contra de la libertad de expresión en los tribunales de España. Álvarez ha documentado durante estos años cómo la legislación española, específicamente el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, están teniendo un grave impacto en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión.

¿Cómo se puede combatir desde organizaciones internacionales como Amnistía la represión de la sátira política que se vive hoy en España?

En momentos como los que estamos viviendo, es fundamental reivindicar que no podemos aceptar limitaciones no legítimas al ejercicio de los derechos humanos, mediante todos los mecanismos posibles, entre ellos la denuncia y la movilización. Amnistía Internacional lleva muchos años alertando de que las reformas producidas en los últimos años tanto del Código Penal como de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, están poniendo en riesgo el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión. La peligrosa ampliación del concepto del delito de terrorismo nos está llevando a casos como estos, donde se producen limitaciones que no son legítimas ni necesarias.

¿Qué está ocurriendo, en su opinión, para que estén sucediendo este tipo de casos en un país democrático como el nuestro?

El recorte de libertades e uso indebido de las leyes antiterroristas, así como la retórica de la seguridad del nosotros contra ellos, está teniendo un impacto en muchos países de nuestro entorno, y no solo en España. Esto está provocando que los países estén retrocediendo en sus compromisos de derechos humanos. En enero, Amnistía Internacional en su informe “Peligrosamente desproporcionado” la organización documentó como las medidas para combatir el terrorismo están aplastando libertades y privando a las personas de sus derechos con la excusa de defenderlos.

¿Qué criterios está siguiendo la justicia para enjuiciar este tipo de delitos como criminales y penas de prisión?

No podemos perder de vista que tenemos una legislación penal sigue sin definir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen naturaleza terrorista pueden ser sancionadas a pesar de estar encuadradas en un ejercicio legítimo de un derecho, y por lo tanto, de manera incompatible con las normas del derecho internacional.

¿Qué mecanismos se pueden activar para proteger a las personas afectadas en este tipo de situaciones?

Conocer nuestros derechos como ciudadanía, y que existe un marco internacional de derechos humanos que debe ser respetado por los Estados es fundamental. El derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a muestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos nuestros demás derechos. No nos movemos en tiempos fáciles, donde como he dicho, estamos asistiendo a un retroceso en la protección de muchos derechos que ya se consideraban como ganados en muchas de las sociedades de nuestro entorno. Por ello, hay que aunar esfuerzos para entre otras cuestiones, conseguir una legislación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, es una tarea que debe calar en la sociedad. Estas injerencias, no solo afecta a los directamente señalados, sino que es un ataque a la sociedad en general.

¿Qué opinión le merece la 'Operación Araña' llevada a cabo desde el Estado para juzgar a personas cuyo único delito ha sido en muchos casos ensalzar una idea o hacer un chiste? 

Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen el deber de tomar las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos, pero no puede hacerlo a expensas de los los derechos humanos. En el marco de la Operación Araña, que se ha desarrollado en cuatro fases (produciéndose la primera en abril de 2014 y la última en abril de 2016), 73 personas han sido detenidas por haber difundido mensajes en redes sociales que podrían ser constitutivos de enaltecimiento del terrorismo. En muchos casos supone un ataque al derecho a la libertad de expresión.

¿Cómo han apoyado desde Amnistía a casos concretos como el de Cassandra Vera?

Amnistía Internacional ha estado en contacto con los abogados de Cassandra desde el momento que tuvimos noticias de su procesamiento, ya que nuevamente considerábamos que se estaba produciendo un nuevo ataque injustificado a la libertad de expresión. En particular, Amnistía Internacional recuerda que sólo las formas de expresión que genuinamente suponen una incitación a cometer un acto criminal, incluyendo actos de terrorismo dentro de la legislación española, pueden ser objeto de persecución penal. Las formas de expresión que, de manera intencionada o por su efecto, humillen a las víctimas de terrorismo o a los miembros de su familia, aunque puedan resultar ofensivas y causar sufrimiento a estas personas, no alcanzan este umbral de prohibición.

¿Podría decirnos si hay casos de este tipo que estén teniendo lugar en otros paísesde nuestro entorno?

Si, existen otros ejemplos en nuestro entorno, como he comentado antes, son varios los países en los que se están redefiniendo los límites entre los poderes del Estado y los derechos de las personas y se está desmantelando rápidamente el marco de los derechos humanos de Europa, tan cuidadosamente construido después de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, por ejemplo, el Parlamento aprobó legislación que permite tipificar como delito la consulta a webs que presuntamente puedan incitar al terrorismo o enaltecerlo. Una vez más, la vaguedad de la definición, permite que se pueda procesar a personas que ejercen su legítimo ejercicio de libertad de información.

¿Qué consecuencias podría tener en nuestro país estos graves límites a la libertad de expresión si continúan con esta actitud los jueces de los altos tribunales?

El derecho de libertad de expresión forma parte de un conjunto de derechos fundamentales que deben ser protegidos y respetados en cualquier sociedad democrática, y está consagrado en tratados de derechos humanos en los que España es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. También está contenido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Su limitación innecesaria y desproporcionada supondría una violación de las obligaciones asumidas en estos tratados internacionales por parte del Estado español .