La campaña de odio del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, contra el colectivo LGTBI ha recibido la condena del Parlamento Europeo con 459 votos a favor, 147 votos en contra y 58 abstenciones, entre ellas las de 12 de los 13 parlamentarios del PP español. El miércoles, la Eurocámara ya debatió la normativa homófoba del líder del Fidesz. Entonces, solo la extrema derecha defendió legislación recientemente aprobada por el Ejecutivo húngaro, que contraria numerosos artículos de la carta de derechos fundamentales de la UE.

Entre las leyes recientemente aprobadas en Hungría se incluye la prohibición de hablar de homosexualidad con menores en lugares públicos y también su
representación en las escuelas y en los programas de televisión, publicidad o cualquier plataforma accesible a los menores de 18 años. En este contexto, el Gobierno de Orbán vincula la homosexualidad con la pedofilia.

Para la Eurocámara esto supone "una violación manifiesta de los valores, principios y el derecho de la Unión" y supone "otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría". La resolución, consensuada por las principales fuerzas políticas –Populares, Socialdemocrátas, Liberales, Verdes e Izquierda- pide a la Comisión Europea que actúe de urgencia congelando los fondos europeos a Orbán hasta que dé marcha atrás en su atropello con los derechos fundamentales.

Pero para el PP español estas leyes no son motivo de condena. Toda la delegación comandada por Dolors Montserrat se ha abstenido en la votación de la resolución a excepción del eurodiputado Esteban González Pons, que ha votado a favor. Esta postura contrasta con la del grueso del Partido Popular Europeo (PPE), que también se ha posicionado favorablemente, a excepción de las delegaciones italiana y francesa, que se han abstenido junto a la española.

El idilio entre el PP de Casado y el partido de Orbán no es nuevo. Los populares españoles también se desmarcaron de sus compañeros en enero de 2020 al votar contra de una resolución que defendía la necesidad de reforzar la independencia judicial precisamente en Hungría y Polonia, causando malestar entre los delegados polacos. Un mes después, Casado evitó firmar una misiva junto a otros líderes conservadores en la que el presidente del PPE, Donald Tusk, pedía la expulsión de Fidesz de su grupo en la Eurocámara.

El PE exige la retirada de los fondos europeos a Hungría

Lo cierto es que Orbán está cada vez más aislado y solo encuentra amparo en la extrema derecha. A los populares les era cada vez más complicado continuar compartiendo filas con el líder crecimiento autoritario. También la Comisión y el Consejo adaptaron la estrategia de laissez-faire: dejar pasar el tiempo para ver si las cosas se arreglaban solas. Pero el resultado fue el contrario. Orbán lo interpretó como una carta blanca a su estrategia contra minorías, refugiados u opositores. Fue precisamente la Eurocámara la institución que avaló el inicio del Artículo 7, el instrumento para castigar los ataques al Estado de Derecho. El Partido Popular español se aisló, de nuevo, y votó en contra.

Ursula von der Leyen, líder del Ejecutivo comunitario, endureció su tono durante la intervención plenaria el miércoles y aseguró que llegaría todo lo lejos que haga falta para salvaguardar los derechos fundamentales en el país. "Europa nunca permitirá que se estigmatice a partes de nuestra sociedad, ya sea por sus seres queridos, por su edad, su origen étnico, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas", censuró la alemana, ante las presiones para que rechace el plan de recuperación del húngaro.

Hungría está llamada a recibir hasta 7.200 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, pero este dinero podría verse congelado en virtud del mecanismo que vincula su entrega al respeto sobre el Estado de Derecho. Hasta el momento, a la UE le faltaba voluntad política para actuar. Ahora comienza a emanar, pero los tiempos y los complejos procedimientos logísticos y burocráticos hacen peligrar su margen de acción. Y el cronómetro de Orbán corre sin freno hacia las decisivas elecciones generales del próximo año.

"El Parlamento Europeo y la Comisión Europea quieren que dejemos que los activistas LGTBI y sus organizaciones entren en las guarderías y en las escuelas", señaló Orbán en respuesta a las palabras de Von Der Layen. El líder húngaro acusó a las instituciones comunitarias de invadir una competencia nacional como es la educación. De la misma manera se posicionó el ministro de Gobernación húngaro, Gergely Gulyás. "Bruselas no puede determinar quién y cómo educa a los hijos", afirmó. 

Orbán no solo encuentra aliados en el PP, sino también en Vox. La formación de extrema derecha española ha votado, directamente, en contra del dictamen de la Eurocámara y respalda la postura de Hungría por "no arrodillarse ante la embestida de la ideología LGTB". "Las oligarquías políticas y económicas se unen para atacar al pueblo húngaro por no arrodillarse ante la embestida de la ideología LGTB", señaló el líder de los ultraderechistas, Santiago Abascal.

La extrema derecha se une para debilitar la UE

La nueva coyuntura comienza a dibujar un cambio de dinámicas cuya consecuencia inmediata será la unión de las fuerzas ultraderechistas que buscan debilitar el proyecto europeo desde dentro. Hace unos días, 15 partidos ultraconservadores de 14 países diferentes sellaron su alianza con una declaración conjunta para impulsar la idea de un macro-Estado sin naciones, que apunta ya a las próximas elecciones europeas.

El documento estaba suscrito por Orbán, Abascal, la líder del Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, el líder de la Liga italiana, Matteo Salvini, y el presidente del partido polaco Derecho y Justicia, Jaroslav Kaczynski, entre otros nombres destacados. En el texto mostraban su rechazo a "la ideología burocrática y tecnocrática de Bruselas que impone normas en todas las facetas de la vida cotidiana" y demandaban una "reforma profunda" de la UE porque, a su modo de entender, ahora trata de "imponer un monopolio ideológico".