Las víctimas de violencia machista no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica, como necesitaban hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades además de la sentencia firme para acreditar su condición de maltratada.

Así lo establece el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

El texto, que en parte ya avanzó la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado martes tras la Conferencia Sectorial de Igualdad, devuelve a los consistorios las competencias en promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia machista, además, "fortalece" la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas.

Por su parte, la reforma de la ley contra la violencia machista tiene como fin "mejorar" la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos "que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas".

Según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El Gobierno se basa en el Convenio de Consejo de Europa para no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el maltratador.

De esta forma, modifica la ley integral para ampliar los mecanismos con los que las mujeres podrán acreditar las situaciones de violencia machista, que hasta ahora hacían con la sentencia.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia machista, según el comunicado.

Serán el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, los que diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

Además, de las reformas legislativas, a su juicio, más urgentes recogidas en el Pacto y que pone en marcha el real decreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo ha hecho efectiva una trasferencia de 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra el maltrato.

De esa partida, 20 millones de euros serán para los ayuntamientos en 2018, y se duplicará en 2019, hasta alcanzar los 40 millones de euros, que se distribuirán vía "transferencia finalista y directa" o a través de otras entidades locales.

El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia machista no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.