La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado este jueves una petición en el Congreso de los Diputados para que se modifique la Ley de Fundaciones y se ilegalicen aquellas que vulneren los derechos humanos, como entienden que hace la Fundación Francisco Franco.

Bonifacio Sánchez, representante de la ARMH, ha sido el encargado de depositar esta mañana en el registro de la Cámara Baja dicha petición y ha explicado a los medios de comunicación que esta persigue "resolver un problema histórico" que permite que existan fundaciones y organizaciones que se dedican a "injuriar a las víctimas de la dictadura franquista y, al mismo tiempo, a ensalzar la figura de un dictador del carácter que fue Francisco Franco".

"Lo que esperamos es que los partidos políticos adopten una iniciativa en ese sentido y se normalice una situación que a todas luces es anómala desde hace muchos años", ha explicado Sánchez, asegurando que desde su asociación ya han hecho lo que les correspondía.

Asimismo, respecto a la polémica que ha suscitado la gestión del Pazo de Meirás por parte de la Fundación Franco, Sánchez mantiene que tan solo es "la punta de lanza" de un problema que "viene de muy, muy atrás".

"La Fundación Francisco Franco viene haciendo declaraciones, por ejemplo en relación a la Ley de Memoria Histórica o a la reclamación de justicia por parte de las víctimas de la dictadura, constantemente negando los crímenes de la dictadura y negando además legitimidad a las víctimas para reclamar sus derechos", ha detallado el miembro de la ARMH.

Preguntado sobre si es una iniciativa exclusivamente destinada a la ilegalización de la Fundación Franco, o si es aplicable a otras, Sánchez ha expresado que, aunque desconoce el número de fundaciones que están "vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos", la petición registrada "resolvería el problema con todas las fundaciones" y no va "dirigida a una sola".

"No sabemos si hay una o veinte fundaciones; lo importante es que ese franquismo que está ahí, que es real y auténtico, pase a ser considerado como ilegal y a ser perseguido tal y como se plantea en los treinta artículos de la Declaración de Derechos Humanos", ha manifestado Sánchez, quien por otra parte considera que en el ordenamiento jurídico español falta "concreción".

"Pedimos que concreten determinados comportamientos y patologías que han de ser tratados con mano firme. Insisto en los derechos humanos como clave de todo este problema", ha sentenciado.