En silencio, sin publicidad y con miedo de que 'fuerzas externas' vuelvan a impedir la celebración de las ansiadas videoconferencias. Así han comenzado este lunes la  declararación de tres víctimas de la dictadura de Franco en España ante la Justicia argentina a través de unas videoconferencias realizadas en la Embajada del país sudamericano en Madrid. Los primeros en declarar han sido, tal y como ha podido conocer este periódico, Cecilio Gordillo, de CGT-Andalucía; María Mercedes Bueno Morales, de la asociación de bebés robados Alumbra; y Jesús Rodríguez Barrios, torturado por 'Billy el Niño'. Entre el martes, el miércoles y el jueves otros diez querellantes testificarán ante la Justicia argentina en el consulado de Madrid (Ver más abajo el contenido de sus declaraciones).

'Hemos querido tener cierta cautela para no repetir experiencias pasados. La última vez que se citó a declarar a los querellantes mediante el sistema de videoconferencias fue difundido por la prensa con antelación y dio lugar a que el Gobierno español hiciera gestiones para suspenderlas', explica Carlos Slepoy a Público, que subraya que lo importante es que 'las videoconferencias puedan realizarse sí o sí'.

La declaración por videoconferencia de los querellantes será la única oportunidad que muchas de estas víctimas tendrán para contar ante un juez las torturas, represalias y tormentos vividos por ellos mismos o por sus familias durante la larga noche de la dictadura franquista. Entre los declarantes habrá casos de sacerdotes torturados por el régimen, familiares de víctimas de trabajo esclavo en la dictadura, casos de bebés robados y víctimas que perdieron a uno, o más familiares, durante la Guerra Civil o la dictadura.

'Las videoconferencias son muy importantes porque hasta ahora el único modo en el que podían declarar las víctimas eran desplazándose hasta Argentina. Con este sistema se hará mucho más fácil acercar a la Justicia argentina el caso de decenas de víctimas que no sólo podrán declarar en Madrid sino también en otros muchos consulados de Argentina en todo el mundo', explica Slepoy, que insiste en advertir la importancia de abrir esta nueva vía de declaración. 

A continuación, Público ofrece el listado de las personas que han declarado este lunes y que declararán en los próximos días ante la Justicia argentina con un breve resumen sobre sus querellas y los hechos que expondrán ante la juez María Servini de Cubría.

Cecilio Gordillo. Cecilio es un testigo viviente del exilio interior tras la guerra. Su familia tuvo que huir de su pueblo para establecerse en Dos Hermanas. Su testimonio, no obstante, es clave para la denuncia de los esclavos que utilizó el franquismo para la construcción de grandes obras de infraestructuras. Gordillo, miembro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, lleva más de 15 años luchando por sacar a la luz los hechos ocurridos en Andalucía relacionados con la represión franquista.

Además, Gordillo ha sido promotor e impulsor del proyecto 'Todos(...)los nombres' que lleva ya más de 75.000 personas identificadas entre desaparecidos y represaliados por el franquismo. Asimismo, también ha realizado una labor importante junto a CGT Andalucía en la investigación de la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir por los presos del franquismo recluidos en colonias penitenciarias o campos de concentración como los Merinales (Sevilla).

María Mercedes Bueno Morales. Es presidenta de Alumbra, Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía, una organización de carácter regional que atiende a víctimas de todas las provincias andaluzas. Asimismo, María ha denunciado ante la Justicia argentina el robo de su bebé en 1981, que nació el 24 de septiembre de 1981 en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción, Cádiz.

Tras un parto sin problemas, el médico le informó de que el bebé había nacido muerto y le anunció que el hospital se encargaría de todo. Al día siguiente, un señor desconocido para toda la familia fue el encargado de llevar una pequeña caja blanca al cementerio con los supuestos restos de su hija, indicando a la familia que con ese acto todo había terminado.

Años después de aquel episodio, descubrió que su hija jamás entró en aquel cementerio, ya que no hay registros ni documentación que indique su inhumación, y no hay registro en los archivos del hospital de su ingreso ni del nacimiento de su hija. Así, en el Certificado conseguido en el Registro Civil, constan datos falsos de su ingreso, fecha del parto y del tiempo de gestación indicando que su parto era de un feto de siete meses cuando en realidad fue un embarazo a término, de nueve meses.

Jesús Rodríguez Barrios. Ha sido detenido por la Brigada Político y Social hasta en tres ocasiones durante los últimos años de dictadura y el primer año de transición. La primera vez fue detenido en marzo de 1972 en una manifestación en protesta por el asesinato a manos de la policía franquista de dos trabajadores de la empresa Bazán de El Ferrol. La segunda vez que fue detenido la cosa fue mucho más seria.

Era el 11 de Enero de 1974 y fue detenido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Madrid acusado de participar en una reunión ilegal para preparar manifestaciones, y otros actos de protesta contra la pena de muerte dictada a Salvador Puig Antich. Fue interrogado varias veces, sin asistencia jurídica, sufriendo malos tratos, al cabo de las 72 horas, fue conducido a la Cárcel de Carabanchel, donde ingresó el día 15 de Enero de 1974 en la sección denominada 'Reformatorio de Menores'. Estuvo en prisión hasta 12 de Marzo de 1974 sin atención médica.

La tercera vez que fue detenido fue el 16 de Abril de 1975 a las puertas de su domicilio por tres funcionarios de la policía política franquista, uno de ellos, Juan Antonio González Pacheco conocido como 'Billy el Niño'. Rodríguez asegura que fue conducido, esposado, a la Dirección General de Seguridad, donde fue golpeado varias veces por los policías uniformados que se encontraban de guardia.

Posteriormente, fue conducido de nuevo ante Billy el Niño, entre otros, donde volvió a ser salvajamente torturado para obligarle a reconocer su pertenencia a la Liga Comunista Revolucionaria, y a obtener información sobre las actividades y los miembros de la citada organización.

José Alfonso Rodríguez. Vallisoletano de origen, ha interpuesto una querella ante la Justicia argentina por la 'desaparición' de su padre, quien desaparición del hospital donde permanecía ingresado el 20 de agosto de 1936, después de haber sido herido por un falangista local. Además de su padre, José Alfonso sufrió la pérdida de otros doce miembros de su familia.

Flor de Lis Díaz Carrasco. Es presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados Euskadi y víctima del robo de niños y niñas en los hospitales de Madrid. Díaz cree que su madre sufrió el robo de dos bébes. Uno, en el hospital de la La Línea de la Concepción en Cádiz el 7 de noviembre de 1967; y el segundo, fue el mismo día que nació ella ya que dieron por muerto a su hermano mellizo. La asociación que preside se unió a la querella en el primer trimestre de 2013 y aseguran tener datos, estudios, informes y estadísticas que muestran que en Euskadi era más bien fácil vender un bebé a la trama organizada.

Díaz denuncia que en Euskadi hay más 600 familias afectadas por la desaparición de bebés en las maternidades sin que la Justicia españole esté haciendo lo suficiente para investigar las denuncias que se están interponiendo. De hecho, asegura, que más del 90% de las denuncias han sido archivadas provisionalmente.

Jon Etxabe Garitazelaya. Jon tiene actualmente 80 años y es un histórico de la lucha de los curas vascos contra el régimen franquista. Se ordenó sacerdote en 1958 y participó desde el inicio en diversos actos de denuncia del franquismo. El 11 de abril de 1969 fue detenido y permaneció siete días encerrado en comisaría donde sufrió, según denuncia, todo tipo de torturas. El responsable de su detención y de sus interrogatorios fue Felix Criado Sanz, jefe de la Brigada Regional de Policía en Bilbao, según la documentación a la que ha tenido acceso Público.

Etxable ingresó en la cárcel para religiosos de Zamora el 9 de mayo de 1969 y fue juzgado en el conocido como 'proceso de Burgos'. El fiscal militar Antonio Troncoso de Castro pide 75 años

de cárcel, de ellos 25 son por haber comprado una pila, que pudo ser utilizada en una bomba. Durante su juicio apenas pudo declarar ni explicar su versión. Fue condenado a 50 ñaos de cárcel: 30 años por bandidaje o subversión armada social y 20 por terrorismo.

José Luis Martínez Ocio. Presenta la querella por el asesinato de su hermano, Pedro María Martínez Ocio, en Vitoria-Gasteiz, el 3 de marzo de 1976, estando al mando de las fuerzas de seguridad del Estado el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa y siendo director general de la Guardia Civil Ángel Campano López, según la citada información a la que ha tenido acceso este medio.

Su hermano fallece durante el asalto de la Policía Nacional a una parroquia, previamente gaseada, donde se reunían los trabajadores en asamblea durante una huelga en Vitoria-Gasteiz. Dentro de la Iglesia había alrededor de 5.000 personas. Como consecuencia del asedio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado mueren cinco trabajadores, entre ellos, su hermano. Además se contarán más de cien heridos, muchos de ellos por disparos de bala.

José Luis Gutiérrez Molina. Pertenece al Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-Andalucía, que ha estudiado exhaustivamente el trabajo esclavo en el Canal del Bajo Guadalquivir, también llamado el Canal de los Presos. Participa en la querella como historiador que ha investigado los hechos denunciados.

Denuncia que empresas como Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones, entre otras muchas, se aprovecharon de mano de obra esclava para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista.

Julián López Muñoz. Este hombre de 88 años se querella por el asesinato y desaparición de su padre, Álvaro López Ruiz. Según denuncia, su padre fue detenido el 14 de abril de 1939 a la entrada de su pueblo por un control 'franquista-falangista' y fue conducido a Herrera del Duque, donde se encontraba el juez.

La noche del 17 de abril, Álvaro López Ruíz y otras cinco personas más son conducidas en un camión a las afueras del pueblos donde son fusilados y sus restos son arrojados en una trinchera abierta en la finca 'La Cabezuela', en Castilblanco (Bajajoz). , en un camión, a un lugar situado a unos 10 kms del pueblo,. Aún no ha sido posible la exhumación.

Los cuatro querellantes que tienen que declarar este jueves ya trataron de hacerlo el pasado mes de mayo, cuando una maniobra del Ministerio de Exteriores impidió la realización de las videoconferencias. A continuación, Público recupera la información que, con motivo de aquellas videoconfencias, facilitó:

Remedios Palomo. Su abuelo, alcalde republicano de El Arenal (Ávila) fue detenido, encarcelado, condenado a muerte y ejecutado el 20/12/1936. Su tía abuela es igualmente detenida y condenada a 20 años. Los padres de su abuelo son detenidos y asesinados el 1 de noviembre de 1936. Por último el hermano de su abuelo fue asesinado en febrero de 1937. 

Hilda Farfante. Su madre, maestra y directora de las Escuelas Graduadas de Cangas del Narcea, es detenida el 9 de septiembre de 1936 y desde ese momento queda desaparecida. Su padre, maestro también, fue a buscarla y también desapareció. Las tres hijas pequeñas fueron puestas a salvo por el abuelo paterno. Más tarde fueron recogidas por tres distintas familias y nunca más vuelven a vivir juntas.

Fausto Canales Bermejo. El padre de este hombre fue asesinado al inicio de la Guerra Civil junto a otros nueve compañeros en la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja (Ávila) por un grupo de Falange. En octubre de 2003 Pedro Fausto descubrió que el pozo-fosa donde habían arrojado los diez cadáveres y comprobó que los restos no existían porque habían sido exhumados oficialmente, el 23 de marzo de 1959, y trasladados al Valle de los Caídos. 'El asesinato de mi padre formaba parte de un plan de exterminio', dice Canales 'Mi padre junto a otros nueve paisanos del pueblo de Pajares de Adaja fueron secuestrados, llevados a 20 kilómetros, y asesinados en una cuneta. Una semana antes de inaugurarse el Valle de los Caídos, profanaron su fosa, exhumaron sus huesos y los transportaron allí. Nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba la fosa ni dónde estaba mi padre', señaló Canales a Público.

Silvia Navarro. El testimonio de esta mujer ilustra el caso particular de la tercera 'saca' del 2 de septiembre de 1936 en la ciudad de Calatayud (secuestro domiciliario y asesinato de 16 civiles, entre otros su tío-abuelo, José Antonio Marco Viedma, 33 años) y traslado, sin permiso de las familias, de los restos mortales de los asesinados al Valle de Los Caídos.