La Mesa del Congreso ha acordado este martes solicitar un escrito a los servicios jurídicos que aclare si puede reconsiderar en bloque y con efectos retroactivos los casi sesenta vetos presentados por el Gobierno a proposiciones de ley de los grupos tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ponía límites a este uso indiscriminado del veto por parte de Ejecutivo.

Así lo han informado fuentes parlamentarias después de que el PSOE y Podemos presentaran sendos escritos solicitando a la Mesa que reconsidere su decisión anterior de aceptar ese medio centenar de vetos del Ejecutivo.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional resolvió a favor del Congreso en el conflicto de atribuciones que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos impuestos por el Ejecutivo.

Sin embargo, el levantamiento de esos vetos no va a ser inmediato. Ciudadanos ha solicitado en la Mesa un informe jurídico para que aclare el sentido de la sentencia del Constituconal antes de apoyar o no la reactivación de las iniciativas vetadas. El partido de Rivera no quiere dar su apoyo a ese levantamiento sin antes saber lo que opinan los letrados de la Cámara, lo que sin duda va a dilatar los tiempos.

Es cierto el fallo del Constitucional no cuestiona no cuestiona la prerrogativa del Gobierno para oponerse a la tramitación parlamentaria de las iniciativas que considera pueden afectar a los gastos o ingresos presupuestarios, tal y como establece la Constitución, pero limita su ámbito de actuación al ejercicio presupuestario en curso.

En su reunión de este martes, la Mesa también ha solicitado al Gobierno que amplíe su argumentación sobre dos vetos que había remitido a la Cámara a dos iniciativas del PSOE y el PDeCAT que proponían subir las pensiones con el IPC.

Según cálculos del Ejecutivo, esa subida de las pensiones supondría un gasto adicional de 1.987 millones de euros.

No obstante, la Mesa ha pedido al Gobierno que aclare si ese veto se ha presentado teniendo en cuenta la sentencia del TC y las limitaciones que impone a esa prerrogativa constitucional.

43.000 iniciativas parlamentarias

Las fuentes consultadas han recordado que de los cerca de sesenta vetos del Gobierno que la Mesa ha avalado desde el inicio de la legislatura, los grupos solo pidieron la reconsideración en 17 de ellos, y dieron por bueno el resto.

Sin embargo y a raíz de la sentencia del TC, PSOE y Podemos han reclamado que se revisen de nuevo todos ellos, una solicitud que despierta dudas jurídicas en la Mesa porque supondría levantar todos esos vetos en bloque y con efectos retroactivos.

A la espera de ese informe jurídico, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ya ha anunciado que si la Mesa decide finalmente no reconsiderar esos vetos, los socialistas volverán a presentar las proposiciones de ley cuya tramitación ha rechazado el Gobierno.

"No vamos a dejar que por la cerrazón del Gobierno y por el apoyo de Ciudadanos esas proposiciones de ley no tengan una tramitación", ha alertado Robles, que ha puesto en valor el trabajo parlamentario de su grupo.

Según sus datos, de las 43.000 iniciativas parlamentarias, 20.000 son del PSOE, y ha negado que ninguno de los diputados socialistas esté cobrando "ni un euro más" por el aumento del número de comisiones y subcomisiones que se han creado en el Congreso.

La diputada de Podemos Ione Belarra este martes. EFE/Fernando Alvarado

Desde Unidos Podemos, Ione Belarra ha acusado a Ciudadanos de "marear la perdiz" por solicitar en la Mesa un informe jurídico pese a la claridad que, a su juicio, tiene la sentencia del Tribunal Constitucional.

"El PP parece que continúa en su estrategia de intentar ganar a través de los vetos lo que no consiguió en las urnas, impidiendo legislar", ha denunciado.

Por ello, ha pedido al PP y Cs que si se consideran "demócratas" levanten los vetos en la Mesa y permitan que se puedan debatir esas proposiciones de ley.

Una Mesa, en la que PP y Cs tienen mayoría y que deberá ahora decidir, a la vista del informe de los letrados, si puede dar vuelta atrás y permitir la tramitación de esas casi sesenta iniciativas legislativas de la oposición.