El Gobierno salió ayer de su primer Consejo de Ministros ordinario con un decreto ley 'de medidas excepcionales y urgentes' para paliar la seguía en Barcelona. Así lo contó la vicepresidenta primera, que, en rueda de prensa, explicó que gracias al trabajo del Ejecutivo central y el de la Generalitat se ha logrado 'la mejor solución' para paliar 'una de las peores sequías de la Historia', que ha afectado particularmente a Barcelona.

'Las cosas se han hecho razonablemente bien, con gran sentido de la responsabilidad y sentido de Estado por ambas partes', razonó, aunque más duras fueron sus palabras sobre las críticas que ha recibido el proyecto de 'conducción' de agua entre Tarragona y Abrera -en modo alguno, la vicepresidenta permitió que se hablara de trasvase-, especialmente, por parte del PP.

'La conducción Tarragona-Abrera es como otras realizadas -también por el Gobierno conservador-, por lo que no deja de ser sorprendente y bastante lamentable que se pretenda humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron los ciudadanos de Valencia o Benidorm', criticó la número dos del Gobierno, que añadió después las zonas de Alicante y Murcia que ya recibieron el mismo proyecto.

Cinco razones

De la Vega enumeró los motivos que han derivado en un sistema que tardará seis meses en construirse y costará 180 millones de euros costeados con los fondos para infraestructuras contemplados en el Estatut. Así, el plan es 'urgente', porque si no se aprueba, más de cinco millones de personas se quedan sin agua en octubre; es 'temporal', porque concluirá cuando la desaladora de El Prat entre en funcionamiento -prevista para mediados de 2009-; es 'sostenible', porque no se extrae ni una sola gota adicional del Ebro, y carece de 'impacto ambiental', pues utiliza una estructura ya existente, la AP7.

La vicepresidenta contrapuso estos cinco puntos a las pretensiones del partido de Mariano Rajoy en materia de agua. 'El PP -especialmente los gobiernos valenciano y murciano, liderados por Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel- pretende reeditar la parte del Plan Hidrológico que se refiere al trasvase del Ebro y que no aporta la suficiente cantidad de agua; no respeta el medioambiente; no es integrador, porque enfrenta a Comunidad y, además, es más caro', aclaró.

Reunión en Madrid

Hoy mismo, tal y como confirmó la número dos del Gobierno, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunirá con los consejeros de todas las Comunidades Autónomas para explicar y tratar este tema, en el marco de la cooperación que el Ejecutivo se ha propuesto con las Administraciones autonómicas en lo que respecta al asunto del agua. Aun así, De la Vega subrayó que, antes del acuerdo con el Gobierno de Montilla, Espinosa habló con los presidentes de Aragón y Valencia, entre otros, pero que el de Murcia no respondió a la llamada.