Un 22,5% de los ciudadanos considera que la vivienda está entre los principales problemas de España. Así lo destaca el CIS en su barómetro de noviembre. En cualquier caso, las movilizaciones que han tenido lugar, durante las últimas semanas, en varias ciudades españolas bastan para entender la capital importancia que otorga la sociedad española a la cuestión. En todas esas manifestaciones se piden soluciones políticas y reformas legislativas para hacer más accesible el mercado de la vivienda e impedir que se transforme en un lujo.

Prueba de que las fuerzas políticas han entendido que buena parte del bienestar de la población pasa, en estos momentos, por encarar dicho problema ―que los ciudadanos no tengan que comprometer por entero su economía para comprar o, incluso, alquilar un piso o una casa― es que el PSOE anunció, en su Congreso Federal, celebrado en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, la creación de una empresa pública estatal de vivienda.

Se trata de una propuesta que no está exenta de polémica, toda vez que, por el momento, no se ha explicado con detalle y que podría, según varias formaciones políticas, incurrir en un cierto choque competencial con las comunidades autónomas. De todas formas, denota la preocupación que existe en el Ejecutivo por ofrecer algún tipo de respuesta al clamor de las calles. El socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar, insiste por activa y por pasiva en que el ministerio de Vivienda, cuya titular es la socialista Isabel Rodríguez, debe ser valiente y en que no se entendería que esta legislatura no supusiera un avance en términos de vivienda.

Pero la primera iniciativa de calado que se debatirá en el Congreso de los Diputados tras la ola de manifestaciones no será a cargo del Ejecutivo, sino de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En realidad, se trata de una iniciativa, la limitación de los alquileres de temporada y habitacionales, que impulsan los Sindicatos de Inquilinas y que ya llevó, hace meses, el Grupo Plurinacional Sumar a la Cámara Baja. En aquella ocasión, el voto en contra in extremis de Junts per Catalunya acabó dando al traste con la propuesta, que ni siquiera pasó el primer corte del Congreso y no se admitió a trámite. 

Ahora es ERC quien la lleva y, en principio, obtendrá el sí de los posconvergentes en la toma en consideración, es decir, en esa primera votación imprescindible para que el Congreso debata y construya una ley. Los de Míriam Nogueras han deslizado que permitirán que la iniciativa supere este primer trámite. No obstante, también la vez anterior afirmaron que se abstendrían y, finalmente, terminaron oponiéndose y tumbando la norma, por lo que en las filas de ERC, aunque hay buenas sensaciones, persiste la incertidumbre. 

Fuentes parlamentarias confirman a Público que la ley se debatirá en el Congreso antes de que termine el año. En concreto, irá a Pleno la semana del 16 al 20 de diciembre. Desde Esquerra insisten en que el Parlamento debe estar a la altura de la pulsión de la calle. No en vano, la manifestación que tuvo lugar en Barcelona el 23 de noviembre ha sido de las más multitudinarias. En ella participaron unas 20.000 personas, según la Guarida Urbana, y alrededor de 170.000, según los organizadores.

Diferencias entre las iniciativas de Sumar y ERC

Aunque, fundamentalmente, la propuesta que llevó Sumar al Congreso y la que trae, ahora, ERC son las mismas, existen algunas diferencias que, de hecho, son las que han podido convencer a Junts para, cuando menos, permitir que la iniciativa sea admitida a trámite. 

La base de la ley incluye limitar a nueve meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que exceda ese tiempo pasará a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tendrán las obligaciones y deberes correspondientes. Y no solo eso. También en el caso de que un alquiler se renueve, aunque no alcance los nueve meses, pasará a considerarse vivienda habitual.

En definitiva, otorga a los inquilinos más seguridad con respecto a posibles movimientos a nivel contractual ―perjudiciales para los arrendatarios― que puedan llegar a plantearse los propietarios.

Además de esa duración máxima de nueve meses del alquiler de temporada ―en la ley que presentó Sumar, era de seis―, ERC introdujo otra serie de cambios con los que, a priori, habría convencido a Junts para permitir la admisión a trámite. El más importante es el blindaje competencial. Desde ERC sostienen que en las comunidades que, como Catalunya, se "haya desarrollado legislación propia" en materia de vivienda, tendrán prevalencia normas autonómicas ante las estatales. 

En el mismo sentido, otro de las modificaciones que introducen es que las autonomías "podrán controlar las causas de temporalidad de los arrendamientos temporales".

En todo caso, voces autorizadas de Junts insisten en que un eventual "sí" a la toma en consideración ―o una abstención que permita que la ley avance― en ningún caso quiere decir que la iniciativa tenga asegurada su aprobación. Como en otros casos, explican que negociarán y tratarán de introducir los cambios en la norma que ellos consideren necesario. En principio, no habrá sorpresas con el voto afirmativo del resto de la mayoría de investidura. Desde Esquerra deslizan que precisamente en esa negociación con los posconvergentes se apreciarán los modelos diferenciados de las dos formaciones catalanas para dar respuesta al problema de la vivienda.