Ciudadanos acumula a sus espaldas una larga ristra de contradicciones que ya no parecen sorprender a nadie. La posición del partido frente a la corrupción, clave de todas sus campañas y programa electoral, también se ve amenazada por sus idas y venidas. La firmeza del discurso se diluye cuando llega la hora de tomar decisiones: ante el escándalo de Cifuentes pidieron "prudencia", después pasaron a reclamar su dimisión si la presidenta no daba las explicaciones suficientes en la Asamblea de Madrid y, el día decisivo, rechazan la moción de censura del PSOE que podría echar al PP del gobierno regional y apuestan por crear una comisión de investigación. Pero hay más casos. La imputación de  Dancausa no fue motivo para pedir su cese y el alcalde de Granada, también investigado, mantiene su cargo un año después de ser acusado de fraude.  

El de Cifuentes ha sido el último claro caso de "sí pero no" de Ciudadanos con los conservadores. La información que desveló el diario.es sobre el "máster fraudalento" de Cristina Cifuentes deja poco lugar a dudas. Ciudadanos, como PSOE y Podemos, pidieron la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Los tres afirmaban que si no demostraba que había conseguido el máster de forma regular, la presidenta debía dimitir. La formación de Albert Rivera es la que más tiene en sus manos este cese, no sólo por la opción de la moción de censura, también porque podría forzar a los conservadores con romper el pacto de investidura que llevó a Cifuentes a la presidencia.

Pero, a pesar de que hasta la misma mañana del Pleno reclamaban su dimisión, Ignacio Aguado 'sorprendió' durante la sesión con una nueva iniciativa: crear una comisión de investigación. Mientras Aguado daba un giro, Gabilondo anunció la moción de censura que lanzarán los socialistas madrileños y Podemos avanzaba el apoyo a la moción. Aguado la rechazó alegando que no apoyan presentar "ya" y "a la carrera" esta moción. Esto mantiene al PP gobernando ya que cualquier moción de censura para que sea aprobada debe contar con mayoría absoluta. Ambas formaciones suman 64 votos de los 129 diputados de la Asamblea, por lo que necesitarían, al menos, un voto de Ciudadanos para que saliera adelante.

Así parece que Ciudadanos mantiene la apariencia de crítica hacia la corrupción y el fraude, pero sin apoyar medidas que den pasos hacia la regeneración política. Alentado por las encuestas que lo sitúan como primera fuerza política, optan por mantener a Cifuentes, debilitada por la polémica del máster, antes que dar opción a una dirección de los socialistas basada en un acuerdo pragmático y puntos concretos para la región. 

Pero no es la primera vez que evitan poner contra las cuerdas a Cifuentes. El pasado enero, Cs y PP votaron en contra de que la presidenta de la Comunidad de Madrid compareciera para el 2 de febrero en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción por el retraso de la entrega de las actas del Canal. La formación naranja volvía a tener en sus manos un punto clave para la presidenta ya que la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción en la Comunidad había dado luz verde a la comparecencia de Cifuentes relacionadas con el caso Lezo. Aquí argumentaron que tomaron la decisión "debido a que habido un error en la formulación de la comparecencia por parte de PSOE y Podemos".

Pilar Barreiro, imputada por el 'caso Púnica' 

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado dependían de si la diputada del PP, Pilar Barreiro, imputada por el 'caso Púnica' continuaba en su cargo. Así lo afirmó el secretario del partido, José Manuel Villegas, aclarando que su formación mantendría un no rotundo y sin opción a negociaciones si los conservadores mantienen a Barreiro en sus filas. Días antes de que se aprobara la propuesta de los presupuestos en el Consejo de Ministros del PP, la diputada dimitió de su escaño. Barreiro dejó su escaño en el grupo parlamentario popular para pasar al grupo mixto para "no perjudicar al partido". Esta era la reclamación en la que había hecho mayor hincapié en las últimas semanas. Sin embargo, la senadora Barreiro no ha dejado la política porque sigue cobrando un suelo público a pesar de que sigue imputada.

" A mí no me parece bien que el TC pueda quedarse con un escaño, pero el TC otorga a los diputados que se puedan quedar en el escaño y esto no está en nuestras manos ni en las del Gobierno. Sólo podemos cambiar la ley, y mientras sólo podemos exigir los acuerdos: que en el PP no esté ningún diputado imputado por corrupción y esto es lo que hemos hecho", explica Rivera sobre este hecho.

Victoria Domínguez, imputada por Ciudadanos

La formación de Albert Rivera mantiene en sus filas a una diputada imputada en Extremadura, Victoria Domínguez, por "prevaricación administrativa". Fuentes de Ciudadanos ya explicaron cuando los medios de comunicación se hicieron eco de este caso que Domíguez mantiene su cargo porque no está imputada por "corrupción política". Afirman que el código ético de Cs sólo contempla el cese en el cargo público por "delitos de corrupción, tráfico de influencias o violencia de género".  Domínguez ha acudido a los tribunales investigada por unas construcciones ilegales en la sierra placentina de Santa Bárbara, contra las que no habría actuado debidamente el Ayuntamiento de la ciudad. Por tanto, la causa de su investigación no entra dentro de los preceptos que la formación naranja considera para el cese. 

Esta imputación fue el reproche que Cristina Cifuentes le espetó a Toni Cantó durante su comparecencia por la presunta financiación ilegal del PP. "No me tires de la lengua", le advirtió al diputado, antes de recordarle que tienen una diputada extremeña investigada por corrupción. "Hay algunos que lo que hacen es quitar el código ético de la web. Aparece y desaparece como el Guadiana: cuando les imputan, desaparece el código ético de la web y luego vuelvo a aparecer y aquí no dimite nadie", señaló la presidenta madrileña. Esto también fue recriminado por el presidente regional extremeño del PP, José Antonio Monago, que ya ha pedido en varias ocasiones el cese de Domínguez. 

Aunque el código ético no haga referencia a su caso, el portavoz de Cs en Extremadura, Cayetano Polo, declaró el pasado enero que si el juez decide la apertura de juicio oral, el Comité Ejecutivo Nacional del partido tendrá que decidir cómo actuar. Por ahora, han pedido un expediente informativo para trasladar a la Ejecutiva toda la información, aunque no se prevén más medidas. "Cs en eso es muy claro y lo mismo que defiende en el resto de España, lo defiende en Extremadura: no queremos investigados por corrupción política en las instituciones ni en listas", afirmó Polo, aunque se niegue que se trata de corrupción para mantenerla en sus filas. 

Los delitos de Dancausa "no parecen corrupción"

Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, fue imputada por un presunto delito societario por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, como explicó el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, este caso tampoco entra en los preceptos por los que un cargo público debe dimitir. Por ello, Cs mantuvo su acuerdo de investidura con el PP ya que "no se trata de corrupción". 

Sí reconoció que se trata de un "delito societario grave que hay que investigar". Por ello, llamaron a comparecer a Dancausa en el Congreso y Núñez en la Asamblea de Madrid.

La doble bara de medir en Andalucía y Valencia

Otro punto negro es la gestión de la crisis de la baja de Rita Barberá en el PP. A pesar de que el pacto entre Cs y PP impulsó su salida del Ayuntamiento de Valencia, siguió ocupando su puesto de senadora hasta su fallecimiento, sin que esto hiciera peligrar el pacto entre ambos partidos. Un conformismo que no se dio con los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. En Andalucía la posición fue diferente: o dejaban su escaño en el Parlamento andaluz o no apoyarían la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. 

Las críticas a Cs en Andalucía también crecieron cuando la alianza PSOE y Cs eximió de responsabilidades a Susana Díaz por el 'caso ERE'. La comisión de investigación sobre los cursos de formación aprobó un dictamen final, con los votos de PSOE y Ciudadanos, que puso las máximas responsabilidades en los dos expresidentes Chaves y Griñán, librando también al actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado. 

El texto sólo fue aprobado por PSOE y Cs porque el resto de partidos insistieron e fijar la responsabilidad política de Díaz y Maldonado por mantener la paralización de los cursos, además de por "acción negligente, pasividad y falta de colaboración". De hecho, el diputado de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe criticó esto como "política chapuza" al situar las responsabilidades en "dos políticos jubilados" (por Chaves y Griñán) y no en los "actuales responsables" por paralizar los cursos. "La tarea de investigación incluía desde 2002 hasta la actualidad, pero gracias a Ciudadanos y al PSOE la actualidad acaba en el 2012", señaló.

El alcalde socialista imputado de Granada

El alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, fue imputado en noviembre de 2016 por el caso del fraude de ayudas a la formación por haber adjudicado supuestos contratos irregulares a particulares siendo delegado provincial de la Consejería de Economía del Gobierno andaluz en 2010. 

Cuenca tomó posesión de la Alcaldía de Granada después de que el partido de Albert Rivera retirara el respaldo al exalcalde del PP, José Torres Hurtado, tras ser detenido e imputado en un delito de corrupción urbanística. Los socialistas presentaron una moción de censura contra él, que fue apoyada por Cs.

Sin embargo, un año después de su nombramiento Cuenca fue imputado. Y, otro año después, sigue manteniendo su cargo a pesar de las exigencias de Cs a los socialistas de que no haya imputados ocupando ningún cargo público. La razón que adujo el portavoz de Ciudadanos en la provincia de Granada, Luis Salvador, para no presentar una moción de censura contra el actual alcalde fue - otra vez - que "no queda claro si estamos hablando de corrupción política o de un hecho administrativo".