En los planes tanto del Partido Socialista (PSOE) como del Partido Popular (PP) está resolver la cuestión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el mes de julio. Para ello, el Congreso de los Diputados ha habilitado los días 4, 11, 17 y 23. Pero no será lo único que ocurra en la Cámara Baja en verano. También se convalidará el decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros el día 24 de junio y, según fuentes parlamentarias, se podrían empezar a mover algunas de las comisiones de investigación que permanecen aparcadas.

Todo ello se hará, como no podría ser de otra manera, con un ojo puesto en Catalunya. El presidente del Parlament, Josep Rull, ya activó el reloj de dos meses para que se celebre un debate de investidura y la fecha límite es el 26 de agosto. Ni un día más, ni un día menos.

Fuentes parlamentarias del PSOE reconocen que lo que ocurra en Catalunya marcará el paso de la política nacional. "A nadie le interesan unas elecciones", deslizan. Pero, al mismo tiempo, son conscientes de que no hay nada escrito. No se puede descartar ninguna posibilidad.

De todas formas, también explican que Junts per Catalunya está empezando a agitar algunas de las comisiones de investigación que pactaron los partidos independentistas con el Partido Socialista para dar la presidencia del Congreso a Francina Armengol. Con Junts, los socialistas pactaron dos comisiones: la de la Operación Cataluña y la de los atentados terroristas de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Son las que, a priori, los posconvergentes estarían empezando a mover. En el Grupo Parlamentario Socialista hacen una lectura optimista: si tienen interés en activarlas, será porque esperan que la legislatura tenga continuidad. O lo que es lo mismo: que no prevén forzar la máquina hasta llegar a una eventual repetición electoral.

El partido de Carles Puigdemont es, fuera de toda duda, el eslabón más incómodo dentro del bloque de investidura. Es la pieza que, como se ha demostrado en muchas votaciones parlamentarias durante la presente legislatura, menos sujeta suele tener el Gobierno. Por eso hay nerviosismo con lo que pueda pasar en Catalunya a finales de agosto. Junts se mantiene en la idea de investir a Puigdemont aunque no le den los números. Pero si eso no ocurre y Sánchez logra colocar a Salvador Illa arriba del todo de la Generalitat ―una "obsesión" del presidente también, según fuentes socialistas―, la siguiente meta será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ahí Junts no se pone de perfil. Según una voz autorizada del grupo parlamentario de los posconvergentes, todo depende de la financiación para Catalunya. Se trata de una lucha que está encabezando Esquerra Republicana (ERC), quien tiene la llave para hacer president a Illa y quien ha impuesto la condición de que se negocie una salida de Catalunya del régimen económico común español. "Si ERC lo consigue, fantástico", deslizan fuentes de Junts, aunque precisan que es algo que ya se decidió en una iniciativa en el Parlament de Catalunya.

En cualquier caso, su voto favorable a las cuentas públicas depende en exclusiva de ello: "Si no hay financiación, no hay Presupuestos".

Ambas negociaciones, la de la investidura y la de los Presupuestos ―cada una a su ritmo―, irán avanzando durante el mes de julio al ritmo que se tramita la renovación y la reforma del CGPJ.

También está previsto que comparezca Pedro Sánchez en la Cámara Baja para dar cuenta del Consejo Europeo celebrado durante la última semana de junio, al que el presidente del Gobierno, finalmente, no pudo asistir por el fallecimiento del padre de su esposa, Begoña Gómez. De todas formas, fuentes del Congreso confirman que el pleno sigue adelante, aunque apuntan que la decisión en lo referente a la comparecencia pertenece a La Moncloa.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugirió que no es descartable que incluso se lleve al Congreso, este julio, la votación de los objetivos presupuestarios y la senda de déficit.

Tramitación de la reforma del CGPJ: cuatro pasos

El primer paso para tramitar la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pactada por el PP y el PSOE es la calificación por parte de la Mesa del Congreso. Con total seguridad, el órgano rector de la Cámara cumplirá con su papel el martes 2 de julio. Está previsto que dos días después, en el pleno calendarizado para el día 4, se tome en consideración la iniciativa.

Hay que tener en cuenta que se tramitará por la vía de urgencia, con lo que el segundo paso, el período de enmiendas, durará solo siete días. Una vez superado ese tramo, se someterá a la validación por parte del Pleno de ese escrito final de la comisión y, al tratarse de una ley orgánica, se votará el conjunto final del texto.

En el tercer paso entra en juego el Senado. Así como en el caso de la ley de amnistía, con la que el PP está en profundo desacuerdo, la etapa de la tramitación que tuvo lugar en la Cámara Alta fue toda una yincana de informes, retrasos y largos debates, en el caso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se prevén sorpresas ni dificultades, habida cuenta del pacto entre los dos grandes partidos. Como en el Congreso, se abrirá el período de enmiendas, aunque, en principio, no debería prosperar ninguna, de manera que no tendrá que volver a someterse a votación en el Congreso.

En el caso de que sí se aprobara alguna enmienda, la iniciativa tendría que regresar a la Cámara Baja, que siempre tiene la última palabra.

Una vez finalizada la tramitación, nada impedirá que la reforma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ambos partidos han expresado públicamente su intención de que todo el proceso culmine durante el mes de julio. El último pleno calendarizado en el Congreso, quizá por casualidad, se celebrará el día 23; justo cuando se habrá cumplido un año de las elecciones generales que terminaron permitiendo a Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno.