BARCELONA.- La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, han cerrado hoy la venta de su casa de Barcelona, situada en el exclusivo barrio de Pedralbes. El matrimonio, que reside en Ginebra (Suiza), se ha desplazado a la capital catalana para firmar la operación, según fuentes de la consultora inmobiliaria Coldwell Banker, que se ha encargado de la búsqueda del comprador.

La infanta y su marido han podido vender la casa de Pedralbes después de que el juez del 'caso Nóos', José Castro, ordenara la pasada semana la cancelación del embargo que pesaba sobre la vivienda para permitir la operación.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, autorizó la venta del palacete el pasado marzo, después de que la infanta y Urdangarin registraran un escrito comprometiéndose a consignar en la cuenta del juzgado 2,3 millones de euros del beneficio de la venta para cubrir parte de las fianzas que pesan sobre ellos en concepto de responsabilidad civil y que suman un total de 16,1 millones de euros, de los que 13,5 millones corresponden a Urdangarín y 2,6 a la infanta.

El pasado 27 de enero, Urdangarin había solicitado al juez Castro que alzara el embargo que pesaba sobre el chalé ante la posibilidad de venderlo por 6,9 millones de euros.

El matrimonio tiene una hipoteca sobre el palacete de 4,3 millones de euros suscrita con La Caixa, por lo que depositará en el juzgado el beneficio obtenido de 2,3 millones, una vez liquidado el crédito, los intereses y los impagos que tenían pendiente de saldar con la entidad financiera.

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín adquirieron en 2004 la casa de 1.000 metros cuadrados situada en Pedralbes e hicieron una reforma completa, que fue pagada en buena parte con dinero obtenido de Nóos a través de Aizon, la sociedad que ambos tienen al 50%.

Urdagarín intentó destinar parte de la venta a cancelar un préstamo y casio 254.000 euros que debe a la Agencia Tributaria por su IRPF del año 2009. Sin embargo, Castro no lo autorizó al considerar que se trata de asuntos personales y que el dinero debe ir íntegramente a cubrir parte de la responsabilidad civil que pesa sobre el matrimonio por el saqueo de las arcas públicas a base de supuestos contratos simulados.