UPyD ha presentado este 9-N una segunda denuncia en un juzgado de Barcelona contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobediencia y prevaricación al celebrar la consulta pese a su suspensión y ha pedido a la Fiscalía que paralice el proceso y detenga a sus autores.

En la querella, también contra Irene Rigau, consejera de Educación del Govern, y Ramón Espadaler, responsable de Interior, se acusa, además, a los tres de la omisión de perseguir delitos 'y a todos sus cómplices, cooperadores necesarios, encubridores y coautores'.

Se solicita también al Ministerio Público que suspenda el proceso participativo, ordene a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al 'desalojo y cierre' de los centros de votación habilitados 'con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia' y detenga a los autores y cooperadores necesarios de esta consulta.

La denuncia ha sido presentada a las nueve de la mañana por el portavoz de UPyD en Catalunya y miembro de la dirección del partido, Ramón de Veciana, en los juzgados de Barcelona justo a la hora en la que habrían los espacios habilitados para llevar a cabo este proceso en Catalunya.

Veciana, tras censurar a Mas por actuar de una manera 'cobarde', impropia de un presidente de la Generalitat, ha asegurado también que se trata de una consulta 'tolerada' por el Gobierno de Mariano Rajoy puesto que no está haciendo 'nada' para detenerla.

La formación magenta considera que Rajoy tolera la consulta porque no hace 'nada' para detenerla

Da la impresión, ha dicho, de que por parte del Ejecutivo hay 'interés' en que el proceso se celebre, aunque espera que la Justicia atienda a la querella de UPyD 'y más pronto que tarde' se retiren las urnas para que ni siquiera se llegue al recuento de votos.

UPyD recuerda en la querella las dos suspensiones cautelares de la consulta que ordenó el Tribunal Constitucional y que, pese a ello, el presidente de la Generalitat decidió convocar 'sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna' una consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, denominada eufemísticamente 'Procés de participació ciutadana' (proceso de participación ciudadana).

A pesar de la suspensión 'taxativa y rotunda' del Constitucional, la Generalitat -señala el texto- ha abierto esta mañana institutos y edificios públicos, dependientes del Departamento de Enseñanza para la realización de la consulta 'suspendida', facilitando la logística y todos los medios materiales para su realización.

También, ignorando esa suspensión y para llevar a cabo este proceso ha puesto a disposición a funcionarios públicos de la Generalitat y a los Mossos de Esquadra, argumenta UPyD en la querella.

Se trata de la segunda denuncia de la formación magenta contra el presidente de la Generalitat, después de la que presentó ante el Tribunal Supremo hace justo un mes y que amplió posteriormente en dos ocasiones al entender que Mas incumplía las resoluciones del Constitucional.