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La Unión Progresista de Fiscales pide que se "depuren responsabilidades" por la conspiración del ministro

"En las Fiscalías no se 'afina' nada", proclama el comunicado sobre las conversaciones que Fernández Díaz mantuvo en su despacho oficial con el ya ex jefe de la Oficina Antifraude catalana, cuyas grabaciones fueron difundidas en exclusiva por 'Público'.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

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MADRID.- La Unión Progresistas de Fiscales ha hecho público en un comunicado su "honda preocupación" por las conversaciones que en octubre de 2014 mantuvieron el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, grabaciones que ha difundido en exclusiva este diario.

Esta unión de fiscales asegura que "el contenido de las conversaciones unido a la relevancia institucional de quienes las mantuvieron causa perplejidad y una honda preocupación". Además, consideran que refleja un "inaceptable cuestionamiento del principio de separación de poderes", "una reprobable utilización de las instituciones con fines políticos" y "una apartamiento del principio de objetividad que debe guiar la actuación de los responsables públicos".

En el comunicado, esta unión de fiscales remarca que tienen la certeza de que los fiscales que han intervenido en los casos a los que se alude en las conversaciones "han actuado y resuelto con objetividad, profesionalidad y sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad", y apuntan a que los archivos acordados por estos fiscales en esos asuntos "son buena prueba de ello".

De forma tajante, esta unión fiscal asegura que "en las Fiscalías no se 'afina' nada", en referencia a una frase textual que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dirige a Daniel de Alfonso. "Con arreglo a los principios constitucionales consagrados en el art. 124 CE, se ejercen con profesionalidad las funciones que la ley encomienda al Ministerio Fiscal", remarcan los fiscales.

LA UPF reclama a la Fiscalía General del Estado y a los órganos judiciales que se esclarezca el origen y circunstancias en que se produjeron las grabaciones y se valore el propio contenido de las conversaciones "depurando las responsabilidades a que hubiere lugar".

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