La Unión Progresista de Fiscales ha difundido un comunicado en el que interpreta que parte de los nombramientos que propone José Manuel Maza, nuevo Fiscal General del Estado, suponen "un claro retroceso en la pretendida autonomía" del ministerio público frente al poder Ejecutivo, pues "solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico".

En una nota de prensa, esta asociación critica la no renovación del Fiscal Superior de Murcia, Manuel Bernal, frente a las "intolerables presiones" políticas ejercidas sobre el ministerio público a raiz de la investigación abierta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio.

La UPF también critica la no renovación de Javier Zaragoza como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y su sustitución por Jesús Alonso, el teniente fiscal. Es "significativo que personalidades irreemplazables como Javier Zaragoza, cuyos esfuerzos, conocimientos y contactos en materia antiterrorista son en sí mismos un patrimonio de la Fiscalía española, sea relevado en momentos en los que entendemos imprescindible su contribución a la lucha contra el terrorismo internacional".

También interpreta que la no renovación del fiscal Juan Calpasoro al frente del ministerio público en el País Vasco "únicamente se puede explicar por motivos ideológicos; parece un castigo a los años de dedicación al servicio del estado de Derecho y la democracia española en una coyuntura tan complicada como ha sido la culminación del proceso de paz ".

"Es especial el caso de Murcia -agrega el comunicado-, en el que si algún ejemplo había que dar a la sociedad para apuntalar la confianza en la Fiscalía era mantener al Fiscal Superior frente a las intolerables presiones y la imagen de nuestra Institución que han tratado de dar algunos políticos. Pues bien, Manuel Bernal no acudirá como Fiscal Superior el día 6 de marzo a la toma de declaración en calidad de investigado del todavía Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia".
"La ciudadanía y los propios Fiscales hemos entendido el mensaje", apostilla la UPF.

Esta asociación califica de "peaje" exigido por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, al nuevo Fiscal General del Estado, con el cambio en la jefatura de la Unidad de Apoyo, "pues al finalizar el mandato de Consuelo Madrigal había una manifiesta confrontación con el equipo ministerial debido a la gestión del control de los plazos de instrucción" que limitan a seis meses la investigación de las causas en una cuestionada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que no otorga partida económica alguna para cumplir este plazo.

La UPF sostiene que la secretaría técnica se había enfrentado con el ministerio de Justicia sobre todo "por la precipitada implantación y a espaldas de la Fiscalía y los Fiscales de las nuevas soluciones tecnológicas de comunicación y gestión digital. Ese fielato ha sido también cobrado por el Ministerio de Justicia con la no renovación por el Fiscal General de José Luis Bueren".

Esta asociación expresa su "máximo respeto a todos los compañeros y compañeras que han sido nombrados. Nuestra crítica no es un demérito para ellos y ellas , sino una llamada de alerta para constatar que el modelo de Fiscalía al que aspira la Unión Progresista de Fiscales es el de profesionales integrados en una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas que pagar a la clase política y con una total y absoluta autonomía del Poder Ejecutivo".