Mismo objetivo pero distintas formas. Unidas Podemos y los socios del Gobierno han vuelto a pedir que el Congreso investigue la fortuna que el rey emérito forjó con la venta de armas a países árabes, tal como desveló Público en exclusiva. El grupo morado se ha vuelto a unir en esta ocasión a ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG para exigir una comisión de investigación "relativa a la opacidad en la venta de armas a países no democráticos y las comisiones ilegales vinculadas", así como para determinar, en su caso, las consiguientes responsabilidades éticas y políticas.

El título de la petición, en el que no se menciona ni a Juan Carlos I ni a ningún miembro de la Familia Real no es casual. Tampoco los hechos a los que alude el texto de la propuesta, que van más allá de la fortuna del emérito: la opacidad en la venta de armas de España, "especialmente en todas aquellas transacciones comerciales armamentísticas realizadas con estados no democráticos".

Una opacidad que, "no únicamente limita el conocimiento y el seguimiento del destino final de las exportaciones, sino que también ocultan malversaciones de fondos públicos y altos porcentajes en comisiones, derivados de las transferencias comerciales, de dudosa legalidad", relata la iniciativa en virtud de las informaciones publicadas por este medio a lo largo del presente mes.

Con este nuevo contenido y redacción del texto, los grupos buscan sortear otro nuevo informe desfavorable de los letrados de la Cámara Baja. Y es que, excepto en una ocasión durante esta legislatura, el equipo jurídico ha rechazado las múltiples propuestas de estos grupos para que el Congreso indague sobre el emérito al alegar que es "inviolable". 

De esta forma, PSOE, PP y Vox han unido sus votos en la Mesa de la Cámara Baja hasta en 14 ocasiones para impedir una comisión en este sentido. La última vez fue la semana pasada, cuando no avalaron que el Congreso creara una comisión sobre la fortuna del emérito después de que Público desvelara en exclusiva que Juan Carlos I cobró comisiones con la venta de armas a países árabes.

Dos transacciones comerciales

En esta ocasión (la petición número 15 en este sentido a lo largo de la presente legislatura), estas formaciones exigen que el Congreso "arroje luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas" en lo relativo al tráfico de armas a través de la empresa Alkantara Iberian Exports y su vínculo con el emérito, y argumentan, además, la necesidad de crear este órgano parlamentario por el "indudable interés público" que tiene la decisión de Juan Carlos I de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria.

Por ello, la iniciativa pone el foco en dos ejemplos de transacciones comerciales que podrían "promover la exigencia de responsabilidades legales a los actores implicados". En primer lugar, se cita una operación de venta de material armamentístico a Marruecos por valor de 7.700 millones de las antiguas pesetas, de los cuales 2.750 se abonaron con préstamos del Fondo de Ayuda al Desarrollo y el resto con "créditos blandos" a un interés "irrisorio".

En esta transacción se derivaron "cuantiosas" comisiones del 20% del total de la operación (1.500 millones) de dinero público a actores implicados. Estos son: Abderramán el Assir, traficante de armas de origen libanés y sucesor de Adnan Khashoggi desde su imputación hasta la disolución definitiva de Alkantara Iberian Exports en Chipre en 1990. Y Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador solidario al 50% de todos los negocios de Juan Carlos I.

La segunda transacción alude a una venta de buques de guerra y vehículos militares a Egipto en 1984 por importe de 22.000 millones de pesetas, de nuevo con créditos blandos aunque más tarde el país suspendió pagos. Si bien, esta sociedad cobró sus "millonarias comisiones".

A través de estos dos ejemplos, los grupos entienden que la información revelada por Público en exclusiva "no deja duda a la existencia de irregularidades legales y de malversación de fondos públicos" que se han venido desarrollando desde, como mínimo, el inicio de la Transición. En este sentido, ponen sobre la mesa la reconsideración de la ley de secretos oficiales, ya que existen "indicios de impunidad" para "el tráfico de armas con países no democráticos y evasiones fiscales".

Demandan por tanto investigar la legalidad de las comisiones asociadas a Alkantara Iberian Exports, la presunta malversación de fondos públicos en estas ventas de armas y evaluar las presuntas implicaciones de Juan Carlos I en las actuaciones comerciales realizadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal.