La reforma del Código Penal se va configurando como uno de los asuntos mollares en la XIV Legislatura, y presenta numerosas aristas.  Con mucha discreción, el Gobierno de coalición y las fuerzas que lo sustentan -PSOE y Unidas Podemos- van acotando las modificaciones a realizar, acercando posturas, si bien de momento han dado pocas pistas, más allá de insistir en que aspiran a una "reforma integral".

Por su parte, Unidas Podemos apuesta por abordar por separado las reformas del Código Penal que afectan al delito de sedición y al consentimiento en las relaciones sexuales -el "sólo sí es sí"-. Estas dos materias, a juicio de la formación de Pablo Iglesias, deben tramitarse por carriles separados, desgajados por tanto de la "reforma integral" que defiende semana tras semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo de coalición, María Jesús Montero.

En lo que respecta a la sedición, así lo explican a Público fuentes del grupo confederal, que destacan la sensibilidad de esta materia. Sensible, en primer lugar, porque aún están dialogando con el PSOE sobre la forma y el fondo. Los canales de conversación están permanentemente abiertos y el diálogo está dando frutos, sostienen.

Es un asunto delicado, además, porque el grupo confederal aún no tiene completamente cerrada su posición sobre esta materia. Pese a ello, inciden en que afrontar esta modificación por separado serviría para cerrarla más rápido.

Lo cierto es que el Gobierno ha asegurado que quiere zanjar esta cuestión antes de verano, y ha justificado la reforma basándose en la necesidad de actualizar el Código Penal en lo que respecta a estos delitos. Lo considera desfasado con respecto a sus homólogos europeos, y en este frente también trabaja intensamente el Ministerio de Justicia.

Aún no están claros los cambios concretos a efectuar en la redacción del código penal, pero tampoco cómo se tramitará esta reforma. De impulsarse como proposición de ley de uno o ambos grupos parlamentarios, en lugar de tramitarse como proyecto de ley del Ejecutivo, podrían evitar la necesidad de contar con los informes -no vinculantes- de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, lo que permitiría acelerar el procedimiento.

Entre otras vías, se ha especulado con la presentación de la iniciativa por parte del grupo parlamentario socialista en la Cámara Baja, para que después sea enmendada y apoyada por Unidas Podemos. Todo es preelimar aún, todo está abierto.

La sedición, siempre desde la perspectiva "integral"

Reformar el delito de sedición fue una de las propuestas estrella de Jaume Asens, líder de los Comunes y nuevo presidente del grupo confederal Unidas Podemos en la campaña a las elecciones generales del 10-N. Después fue asumida por el grupo confederal, y hoy es respaldada por el PSOE.

Por otro lado, más allá del cuidado que ya requiere cualquier reforma del Código Penal, la modificación del delito de sedición -que previsiblemente afectaría también a la rebelión-, tiene connotaciones evidentes. Éste es el delito por el que el Tribunal Supremo condenó a duras penas de prisión a la cúpula del procés catalán.

Escasos días antes del arranque de esta campaña, el 14 de octubre, el tribunal presidido por Manuel Marchena dio a conocer el fallo por el que impuso a Oriol Junqueras y otros 8 dirigentes independentistas penas de hasta 13 años de cárcel por sedición con malversación, en el caso del líder de ERC.

Por ello, todos los miembros del Gobierno preguntados por esta cuestión insisten en ampliar el foco, en evitar que esta reforma se acote al delito de sedición. Recuerdan la importancia de abordar la modificación para blindar el "sí es sí", o de reformar determinados delitos ambientales, pero hay muchas más materias a modificar.

Como ejemplo, el pacto del Gobierno de coalición plantea elaborar un Plan Nacional contra la Corrupción que estudie una reforma de esta norma, pero el Ejecutivo también quiere actualizar los artículos que hacen referencia al maltrato animal.

Y el acuerdo recoge derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de hasta tres años de prisión para los piquetes durante una huelga. Esto último ya ha sido planteado por Unidas Podemos en una de sus primeras proposiciones de ley llevadas a registro en esta legislatura.

En cualquier caso, el Gobierno siempre se ha referido a una "reforma integral", pero no ha especificado que todas las modificaciones deban realizarse de forma simultánea, lo que a todas luces llevaría mucho más tiempo. A mayor complejidad, más departamentos ministeriales deben involucarse. 

A este respecto, además, los socialistas decidieron dar una nueva pista el viernes. El líder del PSC, Miquel Iceta, aseguró que la voluntad del Gobierno es impulsar la reforma que toca a los delitos del procés cuanto antes, y la defendió afirmando que la rebelión y la sedición "no se ajustan suficiente a lo que pasó en Catalunya".

El sí es sí, dentro de una ley integral

Por su parte, la reforma del Código Penal en lo que se refiere al consentimiento sexual también llevará su propio camino, si bien en este caso irá enmarcada en una ley integral de protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, la prioridad del Ministerio de Igualdad.

La ministra del ramo, Irene Montero, afirmó esta misma semana que la ley estará lista en "semanas", y que será la primera normativa impulsada desde Igualdad. En varias ocasiones, y como recoge el pacto de coalición, Montero ha incidido en que abarcará medidas en el ámbito de la prevención, la educación, la detección o la reparación, ya que la acción penal no basta para acabar con la violencia contra las mujeres, que debe abordarse desde un enfoque multidisciplinar. En lo que va de 2020, ocho mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Esta ley integral, además de conllevar la reforma del Código Penal, supondrá también otras modificaciones en el ámbito judicial, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). También implicará modificar la legislación para que sean los juzgados especializados en violencia de género los que también entiendan de este tipo de casos.

Por tanto, esta ley deberá ser tramitada como ley orgánica, lo que requerirá la mayoría absoluta de la Cámara Baja. En principio, no parece que esto sea un obstáculo para su aprobación.