El estudio de viabilidad para reabrir la central nuclear de Garoña ha vuelto a la palestra. En este caso, ha sido el coste del estudio el motivo del debate en la sesión parlamentaria de este viernes en las Cortes de Castilla y León. El diputado Pablo Fernández, de Unidas Podemos, se ha encargado de poner contra las cuerdas al Gobierno autonómico de PP y Vox pidiendo explicaciones acerca del estudio que, durante la sesión, se encargó de anunciar Juan García-Gallardo, vicepresidente de la región.

El diputado de la formación morada por Álava ha sido crítico con el partido de ultraderecha: "Es todo un esperpento porque van a gastarse el dinero público en un estudio de viabilidad, cuando los propietarios han dicho que no lo es".

En la misma línea, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha calificado de "disparate y contradicción continua la política energética de Vox". "Se ajusta solo a los intereses del lobby nuclear", ha reprochado. También ha recalcado que la central carece de la seguridad necesaria, "es peligrosa y genera residuos tóxicos que son difíciles de gestionar".

López de Uralde ha recordado que "mientras el lobby nuclear es resucitado por la derecha y por la extrema derecha, lo que ocultan es el fracaso nuclear francés, que tiene más de la mitad de sus reactores nucleares parados con un impacto en sus cuentas públicas de 29.000 millones de euros". 

El tema salió a la luz el pasado miércoles en plena sesión de control al Gobierno, la primera del curso. El líder de Vox, Santiago Abascal, espetó al presidente, Pedro Sánchez, que su partido trabaja para poner en marcha la central de Garoña. El líder socialista se mostró contrario a esta solución e indicó a Abascal que las respuestas que debe dar el Gobierno tienen que ser "coherentes" y apostar por "energías renovables" y evitar depender de otros países.