El pasado mes de septiembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que el número de policías que se han infiltrado en movimientos sociales debe ser público. El organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, asegura que el Ministerio del Interior debe revelar ese dato desglosado anualmente. Casi un año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue dando excusas para ocultar la información.

Después de la resolución del CTBG, Interior aseguró que no sabía qué se puede considerar y qué no movimientos sociales para defender que no podía dar el dato solicitado. Así, a pesar del posicionamiento claro del Consejo tras una reclamación de Público, que había solicitado la información, Interior siguió ocultando los datos.

Tras esa afirmación del ministerio, Público realizó otra solicitud de información. En esta nueva petición, hecha también en base a la ley de transparencia, este medio solicitaba el número de policías infiltrados cada año, pero "en movimientos, grupos, bandas u organizaciones de cualquier tipo o índole", no solo en movimientos u organizaciones sociales. Así, el ministerio no debería tener problema para discernir cuántos policías se han infiltrado en movimientos sociales y cuántos, en otro tipo de organizaciones, ya que no sería necesaria esa labor.

A pesar de ello, Interior ha vuelto a denegar la solicitud y asegura que entregar la información podría desembocar en "cazas de brujas" y "persecuciones injustas y desmedidas" dentro de las organizaciones sociales que pudieran sospechar haber sido víctima de infiltraciones de policías. Así lo ha defendido el propio ministerio ante el Consejo de Transparencia, después de que Público haya reclamado también la negativa de Interior a entregar la información ante esta última solicitud.

El ministerio asegura, en sus alegaciones ante el Consejo de Transparencia, en las que defiende su negativa a entregar la información, que estas "cazas de brujas" y "persecuciones" tendrían consecuencias "en muchas ocasiones" para los miembros de "las organizaciones sociales que se considerasen pudieran ser objeto de investigación". Todo ello, según Interior, podría perjudicar "gravemente a los ciudadanos que libremente se organizan en cualquier ámbito de la vida social, llegando incluso a sufrir consecuencias legales o laborales sin motivo justificado".

Casi un año de incumplimiento

De todos modos, la negativa de Interior a entregar esta información no es nueva. Todo viene de una primera solicitud de información realizada por Público en febrero de 2023. En aquel momento, Interior ya se negó a hacer públicos estos datos. Este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia y el organismo resolvió a favor de Público ya en septiembre del año pasado.

Aún así, este organismo deberá volver a posicionarse en los próximos meses después de que este medio haya vuelto a reclamar, porque Interior se niega también a desvelar el total de policías infiltrados. La anterior petición solicitaba únicamente el número de agentes infiltrados en movimientos sociales.

A pesar de la ocultación por parte de Interior, es público que en los últimos años ha habido al menos ocho policías que se han infiltrado en movimientos sociales. Este recuento se puede realizar gracias a los casos que han ido destapando varios medios de comunicación, como El Salto, La Directa o elDiario.es.

Interior impide a la ciudadanía conocer si esos ocho casos están cerca del total o si son solo la punta del iceberg. Tras la resolución del Consejo de Transparencia que estimaba la reclamación de Público, Izquierda Unida preguntó en el Congreso por qué no se había cumplido con la misma y, de nuevo, por cuántos policías se habían infiltrado en este tipo de organizaciones. Interior se negó a revelar la información también ante estas preguntas parlamentarias.

Las primeras excusas

En aquella ocasión, igual que tras la primera solicitud de Público, Interior se basó en distintos acuerdos del Consejo de Ministros que declaran determinada información de la Policía como clasificada. Esos acuerdos se toman en base a la ley franquista de secretos oficiales, vigente aún a día de hoy.

Uno de los citados por el ministerio es el de 16 de febrero de 1996, decretado por el Gobierno de Felipe González, que otorga la clasificación genérica de secreto a "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes". También se basan en otro de 2014, ya del Gobierno de Mariano Rajoy, que hace lo propio con la misma información pero sobre la lucha contra la delincuencia organizada.

Ante la solicitud de este medio, el departamento de Fernando Grande-Marlaska también argumentó que entregar la información perjudicaría en el futuro la prevención, investigación y sanción de delitos. Este es uno de los límites que establece la ley de transparencia. Estos se pueden aplicar para denegar una solicitud cuando entregar la información puede suponer un perjuicio sobre alguno de estos límites. Aún así, no se aplican de forma directa, sino que la Administración debe argumentar que realmente se generaría un perjuicio y que el daño que este causaría sería más importante que el bien que supondría el interés público en la información revelada.

El Consejo de Transparencia ya tumbó ambos argumentos del Ministerio del Interior, asegurando que esos acuerdos del Consejo de Ministros no aplicarían en un caso como este y que conocer el total de policías infiltrados anualmente sin un mayor desglose no puede considerarse que "pueda perjudicar el desarrollo de las labores de prevención y persecución de delitos".

A pesar de ello, Interior ha vuelto a reafirmarse en estos argumentos para denegar la nueva solicitud de Público y para defender ante el Consejo que no debe entregar esta información. Además, el ministerio añade ahora su nueva excusa: las "cazas de brujas"; que, asegura, se podrían dar dentro de las organizaciones y movimientos sociales.