La memoria no se apagará. La búsqueda de justicia, tampoco. Así lo prometen desde la plataforma creada para pedir que se investigue lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que ha avalado la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los centros para mayores de Alcorcón y Leganés no les hará bajar los brazos, aseguran.

"Estamos decepcionados. Esto no tiene lógica ni sentido. Desde ya le digo que no nos vamos a quedar así", dice al otro lado del teléfono María Mercedes Aguilera, integrante de la Plataforma Verdad y Justicia para las Residencias.

Sus reflexiones llegan poco después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, en un fallo dividido, desestimase los recursos interpuestos por los ayuntamientos de Leganés y Alcorcón, que denunciaron que el Gobierno de Ayuso no medicalizó las residencias en abril de 2020 pese a las directrices del Ministerio de Sanidad.

Esa decisión, que el Tribunal ha validado bajo el argumento de que las indicaciones de Sanidad eran solo recomendaciones, tuvo un impacto que se dejó sentir en las cifras sobre fallecimientos registrados entre marzo y abril de 2020.

Según consta en un informe elaborado por la epidemióloga Victoria Zunzunegui en base a datos del Portal de Transparencia y de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el 76% de las defunciones registradas en esos dos meses ocurrieron en las residencias, sin atención hospitalaria.

Las cuatro residencias de Alcorcón –tres concertadas y una pública– sumaban entonces 692 plazas. Entre marzo y abril de ese año fallecieron 163 usuarios, de los cuales 128 murieron en esos centros, que no se encontraban medicalizados.

En el caso de Leganés –que contaba con ocho residencias y 1300 plazas– se registraron 271 fallecimientos en esos dos primeros meses de la pandemia. De  acuerdo a los datos que obran en este informe, 203 de ellos no tuvieron hospitalización. 

Exclusión hospitalaria

En una declaración dada a conocer este jueves, la Plataforma Verdad y Justicia para las Residencias señaló que el auto del TSJM, que contó con el voto particular en contra de dos magistradas, "sigue en línea con la actuación que, hasta ahora, ha tenido la Justicia ante la muerte de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid".

No en vano, remarca que se trata de "un número totalmente elevado comparado con otras comunidades autónomas, provocado por la falta de asistencia médica adecuada para los mayores con el único criterio de exclusión hospitalaria que el residir en una residencia o no tener seguro médico privado".

La plataforma ha recordado además que actualmente existen "17 ayuntamientos madrileños que piden de manera formal que se haga una investigación de lo ocurrido en las primeras olas de la covid, ya sea en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que se cerró precipitadamente ante la llamada a elecciones de Isabel Díaz Ayuso o en los tribunales".

"Total impunidad"

"El TSJM en vez de investigar unos hechos tan lamentables y depurar responsabilidades ante algo tan sangrante y doloroso, lo que hace es cerrarlo", lamenta Javier Cordón, integrante de la citada plataforma. En tal sentido, reivindicó la necesidad de buscar vías para impedir que estos hechos "queden impunes".

"Parece que las muertes de nuestros mayores no importan", añade por su parte Mercedes Aguilera, quien coincide en advertir sobre la "total impunidad" que ha rodeado este asunto. Ella, en cualquier caso, no pierde la esperanza. "Cada palo que nos ponen en la rueda nos hace más fuertes", asegura.