Nadie dijo que llegar a un acuerdo de financiación autonómica fuera fácil. Pero quizá pocos pensaban que la negociación, donde se cruzan intereses territoriales contrapuestos y todos los actores políticos, se envenenaría tanto. Ayer, mientras el Gobierno seguía vaticinando la inminencia del pacto, el tripartito volvió a decir no a la última oferta de la vicepresidenta Elena Salgado. El vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira descartó el acuerdo antes del 15 de julio y el conseller Joan Saura confirmó la negativa pese a reconocer avances.

El martes, Antoni Castells, del PSC, reunió a ERC e ICV-EUiA para detallar la oferta: 3.000 millones adicionales por año para Catalunya con el sistema a pleno rendimiento (en 2011) y la mejora en paralelo de la dotación para prisiones y los Mossos d Esquadra.

Valiéndose del compromiso de José Montilla de ir todos a una hasta el final con sus socios, ERC pronunció un no rotundo. Siguió reclamando los 3.800 millones que, sin encomendarse no sólo al PSC e ICV sino tampoco a los consellers de ERC, anunció el lunes.

El Govern incluido Carod entiende que poner cifras es un error 'que deja a Montilla en manos de Zapatero'. El PSC se debate entre intentar que Salgado llegue a la cifra 'lejana' de 3.800 millones a riesgo de frustrar el acuerdo o, por contra, transigir al margen de ERC provocando así otro final abrupto del tripartito.

El Gobierno, por su parte, afirmó ayer que mañana o el sábado hará llegar a cada presidente el incremento adicional que le supone el nuevo modelo.

El otro gran actor territorial, el presidente andaluz José Antonio Griñán, se mostraba tajante al reiterar que la comunidad 'no puede quedar por debajo de la media española tras el reparto de los recursos adicionales', pese a estar muy por debajo de la media en aportación.

Griñán mostró su satisfacción por el reparto propuesto por el Gobierno para ponderar la población escolar y la sanidad. La Junta dio por hecho su sí, segura como está de ver mejorada su posición.