El Tribunal de Cuentas, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local,  subraya que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.

En concreto, el Valencia Summit constó de tres ediciones que tuvieron lugar los años 2004, 2005 y 2006, en virtud de un convenio de colaboración y dos adendas posteriores suscritos entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos por un total de 1,044 millones de euros cada una -unos 522.000 euros aportados por la Fundación Turismo-, si bien los investigadores calculan que el coste real de cada evento fue de 300.000 euros.

Para su análisis, correspondiente al año 2009, el Tribunal de Cuentas solicitó información a un total de 407 fundaciones, entre las que destaca las entidades subvencionadas anualmente por parte de Ayuntamientos y/o Diputaciones 'en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos', como es el caso de la FTVCB. Según el informe, la dependencia económica de estas fundaciones con determinadas entidades locales para el desarrollo de sus actividades 'debería llevar a considerarlas como integrantes de ese sector público local'.

De hecho, en el caso de la fundación valenciana, presidida en la actualidad por el vicealcalde del Consistorio, Alfonso Grau, el órgano fiscalizador apunta en su dictamen que si bien sus socios fundadores son tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Cámara de Comercio de la capital del Turia, la Confederación empresarial y Feria de Valencia, más del 80 por ciento de los ingresos anuales los recibe de la Corporación municipal.

Pese a que el propio presidente de la Fundación Turismo remitió un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que alegaba que la entidad 'no está legalmente sujeta a las prescripciones de las normas de contratación pública', la Fiscalía Anticorrupción considera 'indudable' la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública a la FTVCB, al igual que en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (ligada a la Comunidad autónoma valenciana).

De hecho, el Ministerio Público postula que los acuerdos investigados fueron verbales y previos a la formalización de los convenios de colaboración, utilizados de forma 'fraudulenta y deliberada' para eludir la aplicación de la anterior normativa, 'obviando' de este modo la existencia del procedimiento negociado sin publicidad como una figura contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, el juez instructor de la causa, José Castro, apuntaba en uno de sus autos cómo en las cláusulas del convenio del Valencia Summit se reconocía que Nóos 'ya estaba trabajando en un gran evento científico-deportivo a nivel mundial que respondía al nombre de Valencia Summit, desconociéndose el porqué de esa anticipación funcional'. Es más, aseveraba que la cantidad a abonar al Instituto fue 'unilateralmente fijada' por ésta.

Un importe total de 1,044 millones de euros al que tanto la FVTCB y CACSA se adhirieron 'sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación', y que su beneficiaria 'ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo', asevera el magistrado.

Hasta ahora, la alcaldesa de Valencia ha defendido que la celebración del evento deportivo dependió de un organismo 'de derecho privado' y de 'carácter propio' e 'independiente del Consistorio.

Sin embargo, según denunció ante la Fiscalía el grupo municipal Compromís, desde el ejercicio 2003 hasta 2012, el Ayuntamiento ha transferido a las cuentas de la FTVCB un total de 52,4 millones de euros. Se da la circunstancia, tal y como apostillaba la formación, que a partir de 2009 el Consistorio dejó de ampliar el crédito inicial, contemplado en la aplicación presupuestaria, coincidiendo con el inicio de las investigaciones en torno al Instituto Nóos.

Por su parte, Urdangarin presentó ante el juez un dictamen jurídico encargado por su defensa con el que intentaba avalar que los convenios rubricados por el Nóos con el Govern balear y las Administraciones valencianas regulados por la Ley de Contratos de la Administración Pública como tampoco por otras normas administrativas especiales, aseverando asimismo que el fin que tenían los acuerdos era un objeto de patrocinio 'como negocio jurídico esencialmente privado'.

En el caso del Valencia Summit, el autor del dictamen, el abogado del Estado en excedencia Federico Calabuig Alcalá del Olmo -integrante del despacho que asesora a Urdangarin-, ponía de manifiesto que tanto Nóos como la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias 'se someten, en principio, al derecho privado'.

Cabe señalar que, junto a la FTVCB, el informe del Tribunal de Cuentas también alude, como entidades del mismo tipo, a las Fundaciones Feria Apícola de Castilla-La Mancha, Manuel Caballero Bonald, Jorge Guillén y Museo del Calzado. Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas también considera integrantes del sector público a aquellas entidades que, no habiendo percibido aportación alguna de la Administración local, la casi totalidad de sus ingresos proviene de las subvenciones otorgadas de la misma.