MADRID
Actualizado:Andrés María Cortabitarte López, director de Seguridad en la Circulación de Adif, ha sido citado el próximo 22 de marzo como investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela. Según informa el diario El País, se requiere su declaración como presunto responsable por imprudencia grave de 80 delitos de homicidio (uno por cada fallecido) y 150 de lesiones, por los heridos.
El Alvia Madrid-Santiago descarriló el 24 de julio de 2013 en la curva de A Grandeira y, además de las víctimas, dejó muchas dudas por resolver. Los miembros de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 se manifestaron en el Congreso en repetidas ocasiones para pedir que, de una vez, "se sepa la verdad". Fue el propio presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, quien pidió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo una reunión, aprovechando la celebración de un debate parlamentario en torno a la creación de una comisión de investigación sobre el siniestro.
Según el juez, el imputado ya fue avisado de los peligros de la curva en la que ocurrió todo y no hizo nada para evitarlo
Según el juez, existirían indicios para pensar que el imputado ya fue avisado de los peligros de la curva en la que ocurrió todo y no hizo nada para evitarlo. El auto al que ha tenido acceso el periódico del grupo Prisa dice: "Existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, a quién en principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circulación (...) no cumplió con dicho cometido, generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios del tren".
Hasta la Unión Europea pidió un estudio "independiente" tras constatar que la investigación llevada a cabo en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "ni es independiente ni analiza las causas raíz de esta tragedia evitable", según informa Europa Press. "Y no olvidemos que en esta tragedia evitable están involucrados el Ministerio de Fomento y las empresas públicas Renfe, ADIF e Ineco", recuerda el presidente de la plataforma que representa a las víctimas.
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