Son jueces, progresistas, catalanes -y catalanistas- y, por encima de todo, están preocupados por la "judicialización de la política" y la "regresión" en el ámbito de las libertades y los derechos fundamentales. Estas son, a grandes trazos, las características de la nueva asociación profesional de jueces y juezas que se ha presentado este jueves en Barcelona, Àgora Judicial. Que nace -en parte- a partir de una escisión de miembros catalanes de Jueces por la Democracia, que se dieron de baja en desacuerdo por la postura de la asociación en relación al referéndum del 1-O. Y que, a pesar de que sus miembros se resistan a afirmarlo abiertamente y sin matices, se crea a partir del "detonante" de la situación actual en Catalunya.

La nueva asociación, que se ha presentado este jueves en un acto en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, se constituye como "espacio de reflexión y de trabajo" para la "defensa de los valores de libertad, justicia, pluralismo y derechos fundamentales", y con la preocupación de sus miembros por "la actual situación del Estado social y democrático de derecho, con recortes de derechos sociales y graves restricciones de derechos fundamentales". En concreto, los miembros de la entidad alertan de la "regresión que ha sufrido la interpretación y la aplicación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas", y de la "deriva en la aplicación del derecho y la utilización del poder judicial que lo aleje de su función", en palabras de su portavoz, Xavier González de Rivera.

Unas alusiones obvias a la actual situación en Catalunya, a pesar de que los miembros de la comisión ejecutiva presentes en el acto han querido matizar. "Existe una cierta involución en derechos humanos y libertades públicas que viene ya desde hace años", ha explicado Maria Josep Feliu. "No queremos negar que salimos ahora", ha reconocido, no obstante, el portavoz de la asociación, que también admite que el "detonante" es la situación en Catalunya, "pero no sólo por eso, porque hay recortes en el estado social y de derecho que vienen de antes", según ha explicado.

"Desde hace unos meses, todos estamos viendo una serie de actuaciones que preocupan", ha añadido Joan Agustí Maragall. A pesar de que ha rehuido valorar casos concretos -y muy especialmente, todo lo referente al President de la Generalitat destituido por Rajoy, Carles Puigdemont, porque "ahora no toca"-, sí que ha admitido que la entidad nace "en un momento excepcional", en el que hay una "interpretación expansiva de delitos" que puede chocar con "derechos fundamentales como el de participación política o de expresión", que "tienen prevalencia".

"Interpretación expansiva" de la incitación al odio

"No haremos valoraciones concretas", ha insistido Guillem Soler, que sin embargo sí que ha puesto el ejemplo genérico de los casos "de interpretación expansiva" del delito de incitación al odio. En este sentido, ha afirmado que entre los colectivos que este tipo penal pretende proteger, "difícilmente se pueden introducir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". "Este es el tipo de cosas que nos preocupan como asociación", ha señalado.

A la nueva asociación también le preocupa, y mucho, la "judicialización de la política", porque entiende que pone en cuestión "el principio de la separación de poderes", y puede traer consigo una "utilización del poder judicial que lo aleje de sus funciones". "El poder judicial no tiene que resolver problemas políticos, no es la misión que tenemos otorgada", ha reflexionado Maria Josep Feliu, mientras que González de Rivera ha advertido que "las razones de Estado no pueden estar por encima de los derechos fundamentales". Sobre este punto, y como medida concreta, Àgora Judicial apuesta por acabar con el sistema de "nombramientos por cuotas, altamente politizado" del Consejo General del Poder Judicial (CJPC).

Una asociación estatal 'de iure' y catalana 'de facto'

La nueva asociación, formada por una veintena de los cerca de 800 jueces catalanes, es de ámbito estatal. Básicamente, porque así lo marca la legislación para las asociaciones de jueces y juezas. Sus impulsores proclaman su "aspiración a que se puedan sumar otros compañeros y compañeras del Estado". Pero admiten que "de momento" no han formalizado ninguna alta de jueces de fuera de Catalunya.

Y este carácter de facto de entidad catalana queda reflejado también en otros de sus objetivos. Como por ejemplo, "adaptar la organización judicial a la estructura territorial del Estado" -para lo cual proponen de entrada que los presidentes del tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales sean "nombrados directamente por los jueces del territorio, y no por el CGPJ-, y, especialmente, "promover el total respecto de los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

"La utilización del catalán en la justicia es muy exigua", ha lamentado en este sentido Montserrat Raga, que ha pedido una mayor "sensibilización de los jueces en relación al territorio en el que están sirviendo". La muy minoritaria presencia del catalán en la justicia ha quedado patente en otras intervencionees, como la de Joan Agustí Maragall, que ha manifestado que, en su juzgado es "el único que trabaja en catalán". O cuando una abogada del público -mayoritariamente formado por profesionales del derecho- ha apuntado que "sí que conozco jueces y juezas que emplean habitualmente el catalán, y los veo a todos aquí".