Acuamed admitió ayer en la sede judicial el despido improcedente de la ingeniera Azahara Peralta, que se negó a corromperse en los hechos investigados por la Audiencia Nacional en las obras del embalse de Flix (Tarragona). 

La trabajadora llevó a la empresa pública a los tribunales reclamando su admisión al considerar que la despidieron porque no actuaba de forma irregular, "por no corromperse", como cuenta el diario El Mundo. Según cuenta la exdirectora, se negó a beneficiar a FCC con un contrato de 36 millones de euros. 

La trabajadora también ha declarado que no era la única trabajadora que se negaba a realizar cosas "manifiestamente ilegales" a pesar de las "enormes presiones". Las presiones eran para que pagara 36 millones más a la constructora FCC por trabajos que hasta ese momento no habían sido realizados ni estaban acreditados. Tras esta negación, Peralta fue despedida a mediados de 2015.

De hecho, Peralta cuenta que la inversión en la constructora empezó siendo de 34 millones, y en poco tiempo había pasado hasta los 70 millones por "modificaciones del proyecto". 

Según señalan los investigadores del caso, con el trato de favor la empresa pública buscaba compensar el conflicto surgido en otra obra, la de Bajo Almanzaro, en la que una riada destruyó una desaladora construida por FCC para Acuamed que no contaba con cobertura de seguro. Sin embargo, los responsables técnicos de la obra, como Peralta, se negaron a validar el plan. 

Otra trabajadora despedida, la máxima responsable de la obra, Gracia Ballesteros, ya ganó hace un año el pleito laboral a la empresa. Lo mismo sucedió este jueves con Azahara Peralta al admitir Acuamed la improcedencia del despido.