Las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han firmado un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” por el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts y ponen el foco en “las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política' y sus consecuencias” para expresar su “rechazo”.

El acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno –que incluye una amnistía extendida hasta los supuestos casos de 'lawfare' y contempla emprender “acciones de responsabilidad” contra los responsables de los mismos– supone, según las asociaciones de jueces y fiscales, “un riesgo evidente de quebrar la democracia”.

Según detalla el comunicado de los magistrados, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, indican.

Frente a ello, responden que “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”.

Así, denuncian que “estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, afirman.

El PSOE asegura que no busca "fiscalizar" a los jueces

Tras el comunicado de las asociaciones, el PSOE ha asegurado que su acuerdo con Junts no busca "fiscalizar" a los jueces ni revisar sus sentencias ni sus resoluciones. En su su respuesta, los socialistas precisan que "el acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare".

Además, indican que cuando se refiere a "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso. "Ninguna otra", subrayan.

Esas comisiones son, según indican fuentes socialistas citadas por Europa Press, la reactivación de la Comisión de investigación constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la 'Operación Cataluña' (que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas) y una nueva comisión sobre Pegasus.

"Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho", resaltan desde el PSOE. "El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", indican los socialistas.