Trece de los 18 magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se han dirigido por carta al presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), Carlos Lemes, para pedirle que actúe ante el presidente del Gobierno ante lo que consideran injerencias de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En una reciente entrevista, Fernández Díaz calificó de "lamentables" las excarcelaciones de miembros de ETA y tildó de "posible prevaricación" la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo que acordaron la salida de estos etarras tras contarles su tiempo de condena en otras prisiones de la Unión Europea. Los magistrados aplicaron una decisión marco del Consejo de Europa de 2008. 

Precisamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la que forman parte los firmantes de la carta delibera estos días los criterios a aplicar para computar las penas cumplidas en el extranjero por parte de los terroristas, después de que dos secciones de la Audiencia Nacional hayan interpretado la legislación de forma dispar: una excarcelando a dos etarras, y la otra rechazándolo.

En esta carta, los magistrados señalan que estas manifestaciones no guardan debido respeto a la separación de poderes y piden expresamente a Lesmes que requiera a Mariano Rajoy, que "ponga coto" a este tipo de manifestaciones.

Los trece magistrados, incluidos eméritos, destacan que el ministro del Interior llegó a declarar que la decisión de la Audiencia Nacional provoca "falta de confianza en las instituciones". 

"Quienes suscribimos este documento -dicen los magistrados-, sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno" solicitan al presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, "que haga saber al presidente del Tribunal Supremo nuestra desazón por tales manifestaciones. Así como que interese del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al Presidente del Gobierno, recabando de éste la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos".

Entre los magistrados existe malestar por las críticas vertidas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a los magistrados de la Audiencia Nacional que acordaron las excarcelaciones, al igual que las realizadas por el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Sin embargo, el CGPJ, que es el órgano creado por la Constitución para amparar a los jueces y magistrados cuando son presionados por el poder político y económico, se negó a salir en defensa de la Audiencia Nacional con el argumento de que no quería influir en las deliberaciones que mantiene la Sala de lo Penal.

Los rumores sobre la inminencia de la carta que se elaboraba en el Supremo y el malestar detectado entre los jueces a causa de esta inacción, hicieron que, ayer, la comisión permanente del CGPJ acordara un comunicado en el que recordaba a todos la necesidad de respetar las resoluciones judiciales.

Este acuerdo es la respuesta a la petición de cuatro vocales del sector progresista del Consejo -Roser Bach, María Victoria Cinto, Rafael Mozo y Concepción Sáez- que había solicitado que el CGPJ expresara algún gesto de amparo a los magistrados ante las críticas de Sáenz de Santamaría y de Catalá.