Tras la imputación de los tres últimos tesoreros del PP (Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Angel Sanchis), el Tribunal de Cuentas recomienda en su último informe que se acometa la regulación de las funciones y obligaciones del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos políticos, con la finalidad de reforzar la transparencia y el control de sus cuentas.

Esta es una de las medidas que el órgano fiscalizador lanza a las formaciones políticas en el documento aprobado por el pleno del tribunal el pasado 27 de junio sobre los estados contables de los partidos políticos en en el año 2008, ejercicio en el que recibieron un total de 299,5 millones en euros en subvenciones públicas.

Así, el Tribunal de Cuentas reprocha a los partidos no haber cumplido algunos de los requisitos que marca la Ley de Financiación de Partidos de 2007, y propone medidas para reforzar los controles internos de la contabilidad.

De hecho, recalca que ninguna de las 22 formaciones políticas auditadas ha cumplido con la obligación que estableció dicha ley de remitir al órgano fiscalizador un informe sobre el control o auditoría interna que han realizado de sus cuentas.

Además de una regulación de la gestión de los tesoreros, el Tribunal de Cuentas cree necesario que los partidos establezcan un 'registro de proveedores selectivo en función de parámetros cuantitativos y cualitativos objetivos' y funcionen con 'procedimientos normalizados de contratación'. De esta forma, el tribunal cree que se garantizaría la selección de la oferta más ventajosa.

Pide también que los proveedores de los partidos que superen un determinado importe facturado 'informen anualmente' al Tribunal de Cuentas de lo que cobraron de las formaciones políticas. En el caso de que el proveedor incumpla esta medida, el tribunal apuesta por que los partidos suspendan temporalmente la contratación con él, 'sin perjuicio de las sancionas pecuniarias que se estimen pertinentes'.

Reclama además que se imponga a las entidades de crédito la obligación de informar también anualmente al tribunal sobre las donaciones realizadas a los partidos, 'debidamente identificadas' en los términos que exige la ley.

En el supuesto de que el partido no pueda identificar al donante por causas 'involuntarias', propone regular un procedimiento para decidir el destino de los fondos donados, que a juicio del Tribunal de Cuentas deberían ser traspasados al Tesoro para fines de interés social o humanitario.

Precisamente, uno de los incumplimientos detectados por el tribunal es que, de las 14 formaciones que recibieron donaciones en 2008, nueve no han cumplido con la obligación de identificar al donante y la mitad no ha especificado pormenorizadamente las condiciones de los créditos o prestamos.

Otra de las propuestas del Tribunal de Cuentas es que se revise el límite máximo anual de las donaciones realizadas por personas jurídicas para que se tenga en cuenta las sociedades participadas o controladas por un grupo empresarial. Por último, el informe advierte a los partidos políticos de que deben buscar su 'reequilibrio patrimonial' y ajustar sus gastos a los ingresos, habida cuenta de que la mayor parte de los fondos que perciben procede de las arcas públicas.

Una recomendación que realiza tras constatar que 15 formaciones presentaron 'un patrimonio neto negativo' durante 2008, superándose en seis casos los dos millones de euros. En concreto, CiU encabeza la lista con un patrimonio negativo en 2008 de 10'726 millones de euros, seguida de Unió Democrática de Catalunya (8 millones), IU (7'9), ICV (2,3), IU-Madrid (2,1) y BNG (2,1).

De los 299,5 millones de euros que recibieron los partidos en 2008, 237,3 millones fueron para su funcionamiento ordinario, mientras que 62,2 se destinaron a financiar los procesos electorales de ese año.

Respecto a los recursos privados, la cuantía más importante que recibieron procede de cuotas y aportaciones de afiliados y simpatizantes, con un saldo total de 44,7 millones de euros, aunque el tribunal lamenta que la mayoría de los partidos 'no han ajustado aún totalmente' sus procedimientos a la ley, ya que no tienen 'cuentas específicas' para este concepto o figuran con otros ingresos.

Las donaciones privadas no finalistas percibidas ascendieron en 2008 a 6,4 millones de euros, de las que más de la mitad (3,4 millones) son de personas físicas y 2,7 de personas jurídicas. El Tribunal lanza también una recomendación a Eusko Alkartasuna y PNV para que revisen sus participaciones en sociedades mercantiles de tal modo que se adapten a los establecido en la Ley de Financiación de Partidos, que prohibió realizar operaciones mercantiles a las formaciones políticas.