VITORIA.- El Tribunal de Cuentas celebra este lunes el juicio por el presunto prejuicio ocasionado a las arcas del Ayuntamiento de Vitoria por el exalcalde de la ciudad y actual ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, en el alquiler de unas oficinas, una vista en la que la Fiscalía no formula demanda.

El juicio contable está previsto que se inicie a las once de la mañana en la sede en Madrid de este tribunal, que tendrá que dirimir si hubo un perjuicio económico para el consistorio vitoriano en el contrato de alquiler firmado por el gobierno municipal liderado por Alonso en 2007 de unos locales para albergar oficinas municipales.

En este caso también figura como demandado el actual secretario sectorial del PP Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda en ese momento. Ninguno de ellos estará presente en la vista, ya que las partes personadas —entre las que figuran el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE— no han solicitado que comparezcan en este juicio contable.

La Fiscalía no formula demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y por eso en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de 2007.

El conocido como "caso San Antonio" llegó a este tribunal fiscalizador después de que una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Vitoria en 2014 concluyera, con los votos en contra del PP que gobernaba entonces, que Alonso y Maroto tuvieron una "responsabilidad directa" en la firma de este contrato, que "fue claramente contrario al interés público".

El tribunal consideró que se pudo causar un "perjuicio" económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, por una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales. En concreto el alquiler se fijó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del consistorio lo establecieron en 10.168 euros, es decir se pagaron 2.332 euros más al mes.

Alonso y Maroto fueron "directamente responsables" de que el Ayuntamiento alquilara por una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales

El alquiler incluyó asimismo, según constató entonces el órgano fiscalizador, una "cláusula penal" que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

Este caso también ha tenido su derivada en los tribunales vascos pero la Fiscalía de Álava acordó el pasado año archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía "ilícito penal alguno".

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, argumentó entonces que el caso estaba en manos del Tribunal de Cuentas y que si la Fiscalía de ese órgano detectaba algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal le remitiría los datos para iniciar una investigación.