El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este jueves la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox contra la vigente ley de educación, conocida como ley Celaá, porque consideraba inconstitucional dos cuestiones de la norma: el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y por sus necesidades de educación especial.

El pleno ha encargando al ponente que elabore un nuevo borrador que avale sin fisuras la ley, según ha informado la corte de garantías.

Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y el relativo a que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".

La norma, uno de los principales proyectos estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, contempla la prohibición de que colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos. La ley, que entró en vigor en enero de 2021, elimina al castellano como lengua vehicular y prohíbe la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados.

Asimismo, de acuerdo a la ley Celaá, nombrada así por la exministra de Educación, los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir es excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. Igualmente, no permite financiar con fondos públicos los centros que segreguen a los alumnos por sexo, recuerda la agencia EFE.

Además de Vox, el PP también recurrió la norma al TC. La formación de ultraderecha solicitaba la nulidad de los apartados sobre la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana al entender que la "única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva".

Por su parte, el PP impugnó 16 artículos y dos disposiciones adicionales de la ley por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y "no garantiza" que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.