MADRID.- Tres agentes imputados en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid tiran de la manta. Los guardias civiles pretenden destapar el “montaje” por el que se les inculpa del espionaje que se realizó a Alfredo Prada y Manuel Cobo en 2008, dos altos cargos contrarios a la llegada de Esperanza Aguirre a la dirección del PP de Madrid.

El trabajador de la Consejería de Interior, José Manuel Pinto Serrano, y los dos guardias civiles –uno en reserva colocado– Antonio Coronado Martínez y –otro en excedencia– José Oreja Sánchez temen que pueda haber “una compleja estructura formada por policías, políticos, jueces y fiscales, que ha favorecido una investigación parcial y una instrucción plagada de múltiples irregularidades”.

Así lo denunciarán en la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid el próximo viernes 4 de marzo, donde quieren arrojar luz sobre las presuntas actividades ilegales y la supuesta corrupción que hubo en el Órgano de Gobierno de la Dirección General de la Comunidad y demostrar las presiones que han sufrido al no seguir la línea de defensa de la propia Comunidad.

Los otros tres imputados son el ex director general de Seguridad y antes escolta de Aguirre, Sergio Gamón, el policía procedente del Canal de Isabel II y ex subdirector de Seguridad, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil amigo personal de Francisco Granados e implicado en la trama Púnica, José Luis Caro Vinagre. Los seis están siendo investigados por malversación de caudales públicos, debido a que el espionaje a nivel político no está tipificado por el Código Penal.

Granados dijo que “todo era un montaje”

Según cuentan los agentes, en los siete años que dura ya el proceso judicial, han sido víctimas de robos, seguimientos y extorsiones de todo tipo. Hechos que han intentado demostrar en sede judicial sin éxito. "Nos hemos sentido el eslabón más débil de la cadena", explican.

Los guardias civiles se definen a sí mismos como “elementos subversivos”, pues denunciaron a sus superiores las cosas que les mandaban hacer Gamón y Castaño; actividades que, según apuntan, nunca hicieron. “Todo funcionó bajo las órdenes directas de la presidenta y del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid”, que por aquel entonces eran Aguirre e Ignacio González, señalan.

En una conversación mantenida con el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, dos de los guardias civiles imputados en la causa aseguran que éste les dijo que “lo de los espías es todo un montaje” y que “el autor es Enrique Barón”, en aquel momento Director General de Seguridad de la Comunidad de Madrid y actualmente Comisario General de Información del Cuerpo Nacional de Policía.

La jueza, “contaminada para llevar el procedimiento”

La jueza que lleva el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, está, según afirman los tres agentes, “contaminada para llevar el procedimiento”, debido a su relación de amistad con el ex número dos de Aguirre, hoy en prisión por la trama Púnica.

Los guardias civiles ya han tomado medidas legales al respecto y pusieron una recusación a la magistrada –finalmente rechazada por la Audiencia Provincial de Madrid– por considerar que es amiga de Granados y por advertirle que una de las partes en la causa –representada por Pinto, Oreja y ahora también Coronado– había solicitado que se grabase la declaración de Granados en calidad de testigo. “La juez le advirtió entonces que se negase, añadiendo que ella iba a hacer lo mismo”, apuntan los agentes. Un hecho que se demostró gracias a unas conversaciones telefónicas intervenidas por la UCO de la Guardia Civil.

A esto hay que sumar la conversación que el ex consejero de Presidencia tuvo con los tres guardias civiles en octubre de 2012, donde dijo: “El tema judicial no va a ir a ningún sitio, la jueza sabe perfectamente lo que pasa aquí, a mi no me van a imputar, en todo caso me llamaría como testigo”, cuentan los imputados. Todo ello se cumplió el 16 de septiembre de 2014, cuando Granados compareció, como testigo y no como imputado, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

Además, la magistrada habría denegado, según la defensa, “innumerables pruebas pertinentes, necesarias y relevantes”, por lo que los tres agentes no han podido demostrar su inocencia y esclarecer la verdad en sede judicial. Por este motivo los imputados hablarán en la Asamblea de Madrid.

El caso, que muestra la guerra interna del PP madrileño de aquellos años, se ha cerrado tres veces y se ha abierto otras tres, lo que demuestra, para los tres implicados, “una clara e interesada ralentización de la justicia para que la verdad no salga a la luz”, concluyen.