MADRID.- Las asociaciones Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria han acordado dar plantón al Gobierno y no acudir a las diversas reuniones que les había convocado el ministerio de Justicia porque sólo les convocan para informarles de lo que ya está decidido y es de dominio público, pero no para negociar con ellas ni tener en cuenta sus aportaciones.  La única asociación que continúa acudiendo es la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora.

Las tres asociaciones explican que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “ha ignorado reiteradamente nuestra petición de que se convoquen reuniones de forma conjunta y con un orden del día consensuado, en forma de mesa negociadora, que incluya una valoración de nuestras reivindicaciones profesionales y de la situación de la administración de justicia”, denuncian las tres asociaciones en un comuniucado.

Sin embargo, “se nos cita continuamente a reuniones en las que únicamente se nos cuenta lo que ya es de dominio público y, a continuación, el ministro intenta utilizar nuestra presencia para exhibir públicamente un supuesto talante de consenso que no se corresponde con los hechos reales”.

Estas prácticas del Gobierno “empiezan a acentuarse en periodo preelectoral. La realidad es que no existe una verdadera voluntad ministerial de realizar un trabajo común para dar soluciones a los graves problemas de nuestro sistema judicial”, añaden los jueces.

Juzgados insalubres

JpD, AFV y FJI denuncian las numerosas carencias de los juzgados y tribunales. Así, los juzgados están desbordados: “cerca de la mitad trabajan por encima del 150%" de la carga de trabajo prevista y muchos de ellos se encuentran "por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo. Centenares de integrantes de las últimas promociones de la Escuela Judicial siguen sin tener destino” y viven en “una inaceptable situación de precariedad, sin un órgano judicial estable en el que ejercer sus funciones”, agregan.

Además, resaltan que existen numerosos edificios judiciales "que no reúnen las condiciones más básicas de salubridad, y las carencias de medios personales y materiales siguen siendo muy preocupantes. Todo ello provoca perjuicios importantes a la ciudadanía y afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, agregan al tiempo que resaltan que España continúa a la cola de la Unión Europea en el número de jueces por habitante.

Las asociaciones exponen que el Gobierno no tiene voluntad política de resolver estos problemas y que las reuniones a las que se les convoca “solo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe”.

Por ello, no volverán a sentarse con el Gobierno, aunque se muestran dispuestos a colaborar con el ministerio de Justicia, “siempre y cuando no se nos pretenda instrumentalizar y se produzca una rectificación de sus actuaciones”.