BRUSELAS.- La UE ve en el Tratado de Libre Comercio (TTIP, en inglés) que desde 2013 negocia con Estados Unidos una oportunidad para sacar tajada del sector energético y para reducir su dependencia energética de Rusia, de modo que pueda recurrir a los combustibles estadounidenses, especialmente el gas y el petróleo procedentes del fracking y de las arenas bituminosas. Sin embargo, estas prácticas no evitarán la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ni supondrán un modelo energético más sostenible, sin contar con que con ese telón de fondo el TTIP podría abrir la puerta a que las multinacionales norteamericanas demanden en Europa a los Estados que traten de vetar el fracking, como ya ha ocurrido en Canadá.

Esta es al menos la alerta que han lanzado al Parlamento Europeo Mariano González de Tejada, de Ecologistas en Acción, y Pia Eberhardt, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) en una audiencia con diversos portavoces de diferentes sectores sociales europeos. La sesión ha sido promovida por los comités de Industria, Investigación y Energía y de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

González: "Necesitamos reducir el consumo de energía y cambiar el modelo económico y energético”

“El fracking supone un aumento en las emisiones de CO2 y tarde o temprano se tendrá que afrontar también el agotamiento de los recursos naturales, por lo que no es una solución”, ha señalado González Tejada. “Antes o después, en cinco o diez años”, ha añadido, “volveremos a estar en la misma situación, sólo que con más contaminación y peor preparados. Habremos perdido ese tiempo. Necesitamos reducir el consumo de energía y cambiar el modelo económico y energético”, ha sostenido.

El portavoz de Ecologistas en Acción ha alertado también de que “los pronósticos sobre el fracking están muy inflados y hay muchas investigaciones que demuestran que carecen de fundamento". "Se ha dicho que los recursos son enormes, pero estudios recientes demuestran que en 2020 o 2030 la producción de petróleo del fracking descenderá mucho”, ha añadido. 

“Se ha creado una burbuja especulativa coyunturalmente, por eso despierta tanto interés, pero es un efecto artificial”, ha criticado el ecologista ante los europarlamentarios de ambos comités.

En su intervención, González Tejada también ha llamado la atención sobre la cláusula de blindaje a las multinacionales que prevé el TTIP, conocida como ISDS. “Esta fórmula de arbitraje mediante tribunales internacionales para proteger a los inversores privados supondrá una pérdida de soberanía de los Estados y podrán acabar siendo demandados por las multinacionales del sector para evitar que se opongan o legislen contra el fracking en sus territorios”, zanja.

El TTIP, una rendija al fracking

La portavoz de Corporate Europe, Pia Eberhardt, ha señalado, a este respecto, que “la mitad de las demandas que las grandes corporaciones interponen ante los tribunales internacionales son por asuntos energéticos o relacionados con el crudo o el gas”. 
“Las empresas”, ha añadido, “pueden vetar regulaciones ambientales, precios de la energía y decisiones políticas en estos tribunales”, lo que podría abrir la puerta al fracking y otras prácticas en Europa.

Eberhardt ha citado varios ejemplos, como el caso de la empresa canadiense Lone Pine, “que demandó al Gobierno de Quebec por establecer una moratoria sobre el fracking, precisamente, y acabó siendo indemnizada con 250 millones de dólares por parte de la administración quebequense”.

En este sentido, la ONG Amigos de la Tierra ya alertó en 2013 de que “empresas como Chevron y otras gigantes energéticas han reclamado un capítulo específico en el TTIP para que les permita demandar a los gobiernos si las regulaciones medioambientales interfieren en sus expectativas futuras de beneficio, entre ellas, por implantar restricciones a las prospecciones de gas o petróleo o constreñir el fracking”.

En la audiencia sorprendió también por su rotundidad el presidente de los empresarios de Pymes de Alemania, Mario Ohoven, quien rechazó la cláusula de blindaje a las multinacionales sin ambages. “Estamos a favor del libre comercio”, constató, “pero si hablamos de una justicia en la sombra, donde se cometen irregularidades en la selección de los árbitros, donde éstos acaban siendo aquellos que como abogados negociaron los propios acuerdos, y donde no hay posibilidad de recurso, no lo apoyamos, no queremos una justicia privada con decisiones inapelables, no tiene ninguna lógica implantar esto en Europa, cuyos sistemas judiciales ofrecen garantías”.

Ohoven añadió también que “ninguna Pyme europea podrá afrontar una demanda ante estos tribunales porque el proceso medio dura cuatro años y el coste para un demandado es de 6,5 millones de euros. ¿Qué pyme va a poder pagar esas cantidades?”, se preguntó.