Argelia ha suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España. Esta decisión está motivada por el giro del Gobierno de Pedro Sánchez al posicionarse a favor de la propuesta marroquí sobre la autonomía para el Sáhara Occidental y que quedaría bajo la soberanía de Rabat. 

De esta forma se rompe un acuerdo que ha estado en vigor casi 20 años después de que se acordara el 8 de octubre de 2002 por el Ejecutivo de José María Aznar y el expresidente argelino Abdelaziz Bouteflika —que falleció en 2021—. Y entró en vigor el 30 de octubre de 2003. El tratado recoge que ambos países se comprometen a respetar la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. 

Aunque no se detalla concretamente, este pacto comprende implícitamente las resoluciones de la ONU que contemplan la celebración de un referéndum sobre la posible autodeterminación del territorio saharaui, algo que también ha sido respaldado por el derecho internacional. 

El objetivo del Tratado de Amistad fue "inaugurar una etapa cualitativa" en las relaciones entre España y Argelia, "fundadas en la amistad y la solidaridad" para establecer "un marco global y permanente de concertación y de cooperación que ayude a la paz, la estabilidad, la libertad y la justicia". 

El acuerdo recoge puntos relacionados con la soberanía de ambos países, el ámbito jurídico, la defensa y la educación y la cultura. Por ello se remarca "el necesario respeto, en toda circunstancia, de la legalidad internacional" e indica que ambos estados reafirman "su adhesión estricta a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del Derecho Internacional".

"Medios pacíficos" para solucionar sus problemas

Uno de los puntos más destacables del tratado es el relativo a la solución de posibles problemas entre los dos países y apunta que "arreglarán las controversias que puedan surgir entre ellas por medios pacíficos, de manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales".

En materia de Defensa, las Altas Partes contratantes deciden promover la cooperación entre sus Fuerzas Armadas, "prestando especial atención a los intercambios de delegaciones, a la realización de cursos de formación y perfeccionamiento y a la organización de ejercicios conjuntos". En este apartado se establece que una de las intenciones es el desarrollo de programas comunes para "la producción de sistemas de armas, de material y de equipamiento de defensa destinados a cubrir las necesidades de las dos partes".

Cooperación en materia de flujos migratorios

Respecto al plano jurídico, el pacto establece la necesidad de "promover y reforzar" la cooperación jurídica en materia civil, mercantil, penal y administrativa. Las dos potencias subrayaron que "proseguirán y profundizarán su cooperación en materia de control de los flujos migratorios y de lucha contra el tráfico de seres humanos". Esta sección añade la responsabilidad de cooperar "en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes".

En cuanto a la educación y a la cultura, las partes se comprometieron a establecer medios para el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores universitarios, así como el de documentación científica y pedagógica. El tratado fomentaba "las relaciones interuniversitarias y la concesión de becas de estudios y de investigación, así como la realización de actividades conjuntas en el terreno artístico, cultural y deportivo".