Esperanza Aguirre aparece citada hasta diez veces en la sentencia de la trama Gürtel, emitida este jueves. El doble que Pío García-Escudero, presidente del Senado y del PP madrileño. Más del triple que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que se nombra en tres ocasiones. Diez veces más que José María Aznar, bajo cuyo mandato la trama tuvo actividad plena. 

"Yo destapé la Gürtel", afirmaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2010, en referencia a su testimonio judicial sobre el fraccionamiento de contratos. Afirmó entonces que ella había sacado el caso a la luz al parar una venta de unas parcelas en Majadahonda al grupo Correa. La frase se coronó como una de las más polémicas de su carrera política. Ahora está por ver qué opina la lideresa de protagonizar la sentencia de la primera etapa de la trama, al ser el miembro del Partido Popular cuyo nombre más veces aparece en la misma. Aun sin haber estado jamás imputada por la Gürtel.

Porque ella no ha sido investigada, pero los exconsejeros de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid y antiguos ediles del partido de la época en la que Aguirre estaba al frente del Gobierno regional, que sí están implicados en la primera etapa de la Gürtel (1999-2005), suman 95 años de prisión por su papel en el entramado liderado por Francisco Correa –cabecilla de la trama, condenado a 51 años y 11 meses de prisión–.

Cuando el caso se destapó en 2009, Aguirre presidía la Comunidad de Madrid (2003-2012) y el PP de Madrid (2004-2016). En el juicio se juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en dos comunidades, el ayuntamiento de la capital y dos municipios madrileños, así como en la localidad malagueña de Estepona.

Según el fallo, el "Grupo Correa" desplegó sus actividades en territorios gobernados por el PP: Estepona (Málaga), los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo de Alarcón (2003 a 2005), Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003). 

En Pozuelo, el tribunal de la Audiencia Nacional describe las actuaciones ilícitas cometidas por el exalcalde (2003-2005) Jesús Sepúlveda –condenado a 14 años y 4 meses por haber recibido de la Gürtel en seis años 546.457 euros–. A su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato, se le impone una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares de las empresas de Correa.

En la Comunidad de Madrid detalla los delitos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración Carlos Clemente –condenado a 5 años y 9 meses–; y destaca la operativa ilícita desarrollada por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega –38 años y 3 meses– y el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo –31 años y 9 meses–, hombre de confianza de Aguirre y tan estrecho colaborador de la lideresa que era quien le elaboraba la agenda diaria. 

Los jueces dictaminan que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Otro de los relacionados con el PP madrileño es Javier Nombela, exasesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa (Madrid), que ha sido condenado a 3 años y tres meses. Estaba encargado de la facturación y de la gestión contable y financiera de las empresas de la trama.

López Viejo, el hombre de confianza de Aguirre

Es en relación a  López Viejo cuando el nombre de la lideresa aparece en la sentencia por primera vez. El exedil de Majadahonda José Luis Peñas –4 años y 9 meses–, cuyas grabaciones a Correa dieron lugar a la apertura de esta investigación, habló de Aguirre durante su juicio al relatar la intervención de López Viejo en la campaña electoral de 2003, que la aupó a la Presidencia de la Comunidad Madrid a raíz del llamado "Tamayazo". La siguiente mención a la expresidenta se refiere también a esta campaña y sobre la "evolución al alza en el número de eventos" de Aguirre con la llegada de López Viejo.

Pero además, la esposa del exconsejero de Deportes, Teresa Gabarra, ha sido penada a 4 años de cárcel. El matrimonio llegó a ingresar 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002.

Guillermo Ortega e Isabel Jordán

La sentencia también la nombra con respecto a la declaración que prestó como testigo en el juicio el 20 de abril de 2017, cuando se produjo la detención de su sucesor, Ignacio González, por el caso Lezo, y vuelve a citarla al hablar de los actos electorales celebrados con Guillermo Ortega de alcalde. A este último, el tribunal le impone una de las mayores penas. Se le condena por apoderarse de fondos públicos de Majadahonda en connivencia con Correa, quien –a través de sus empresas– emitió facturas falsas por servicios municipales adjudicados irregularmente.

La sentencia también nombra a la expresidenta en relación a cuando se preguntó a Isabel Jordán, exadministradora de empresas de Correa, por las sociedades de Gürtel que se hicieron cargo de las dos campañas electorales de Aguirre en 2004, y dijo recordar que fue Special Events. Jordán ha sido condenada a 14 años y 10 meses de cárcel.

"Una estructura de colaboración estable"

Además, en la sentencia, el tribunal impone al PP la obligación de pagar una multa de 245.492,8 euros, la cantidad con la que se lucró en esas campañas. Considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió "una estructura de colaboración estable" y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes y organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido.

En este sentido, el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, es uno de los miembros del partido más nombrados en la sentencia, unas cinco veces, y siempre en relación a su declaración como testigo en el juicio.

Testimonio en el que se basa el tribunal, entre otros, para acreditar la caja B del partido al considerar que "el conocimiento por parte del PP y el aprovechamiento de las cantidades como ayuda al partido quedan absolutamente claras".

Los magistrados llegan a esta conclusión porque, cuando García Escudero testificó, dijo que la tesorería regional que llevaba los asuntos económicos electorales de los municipios debía dar cuenta a Génova.

Por ello consideran que los responsables del PP "sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no sólo contra las evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica".