Las prácticas contra los derechos de los trabajadores que está evidenciando la investigación del Juzgado de Instrucción 3 de Lugo contra la responsable de la agencia Asistencia Castroverde S.L. y varios colaboradores son cada vez más numerosas. La instrucción suma ya 80 mujeres presuntas víctimas de explotación laboral, a un mes para que concluya. 

Son mujeres de América Latina, la mayoría de Colombia, Honduras y Nicaragua, sin papeles, que pasaron por la red que Montserrat L. G. camufló en su empresa radicada en la localidad lucense de Castroverde y habilitada para ofrecer servicios de asistencia a personas mayores en Lugo y en toda Galicia. Tenía convenios con varios ayuntamientos. Muchas de las familias que recurrían a sus servicios eran receptoras de ayudas por parte de la Xunta de Galicia para el cuidado de sus mayores. 

Por eso, es probable que la investigada finalmente sea acusada de un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de por delitos contra los derechos de los trabajadores, según fuentes jurídicas. 

Este diario desveló el pasado mes de mayo la investigación que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción 3 de Lugo. En aquel momento, 60 presuntas víctimas habían declarado ya. En la actualidad se han sumado otras 20 y, según indican fuentes jurídicas, podrían ser en torno al centenar las mujeres que trabajaron en condiciones miserables cuidando a ancianos como 'internas'. 

El sumario, al que ha podido acceder este medio, revela que mientras las familias de las personas ancianas pagaban entre 1.100 y 1.520 euros al mes (muchas veces sin sumar el preceptivo IVA a propuesta de la empresa), las cuidadoras percibían una media de 800 euros mensuales, sin derecho a días de descanso. Por cada día libre que se tomaban la empresa les descontaba 100 euros, según han declarado numerosas víctimas en el juzgado. 

Abusos sin respuesta

Una de las últimas cuidadoras que han declarado ha revelado que el hombre al que cuidaba como interna en su domicilio presuntamente abusó sexualmente de ella. La mujer no tenía una habitación propia y debía dormir en un sofá cama instalado en el pasillo de la vivienda. El hombre, de unos 60 años, se metía a hurtadillas en el sofá por la noche y la sometía a tocamientos, ante el rechazo de la joven. 

La cuidadora lo comunicó tanto a las hijas del hombre, que vivían con él, como a Montserrat L. G., según declaró, pero la respuesta que recibió de ellas fue que "aguantara y que hiciera la vista gorda", puesto que la medicación que tomaba el hombre "le aumentaba la libido". 

Ante esta experiencia y una anterior en la misma agencia, en la que la señora a la que cuidaba le escondía la comida, la joven decidió no volver a trabajar con dicha empresa. 

Una larga investigación

El juzgado incoó diligencias en diciembre de 2019 ante una denuncia de la Guardia Civil sobre el caso de una mujer colombiana que confesó al hijo de la anciana que cuidaba que carecía de papeles, por lo que no tenía contrato laboral. Pronto la causa engordó con 44 víctimas y familias que se sienten estafadas. En estos momentos, ya son 80 las damnificadas. El próximo 21 de octubre está previsto que declare la principal sospechosa, Montserrat L. G. encarando la recta final de la instrucción.

La gerente y dueña de Asistencia Castroverde S.L. solía contratar a las migrantes por teléfono. Incluso por WhatsApp les daba instrucciones: "No digas que acabas de llegar", consta en un mensaje aportado al sumario. "Si en la casa te piden la documentación les dices que me la has dado a mí", aparece en otro. 

Mientras a las familias les aseguraba que las chicas contaban con seguro por si sufrían algún accidente y con la habilitación necesaria para los cuidados a personas mayores enfermas, como el de auxiliar de enfermería, a las mujeres explotadas las engañaba diciéndoles que iban a cuidar a una persona encamada y después se encontraban con dos ancianos dependientes, por ejemplo. 

Parece claro que la acusada se aprovechó de las condiciones de vulnerabilidad de las cuidadoras. Recién llegadas a España, sin un horizonte cercano de regularización en el país, se entregaron a la oferta de trabajo que recibieron de Montserrat. Una de ellas ha explicado en el juzgado que llegó a estar un mes y medio sin librar ningún día, con jornadas que incluyen prácticamente 24 horas, ya que la atención a personas mayores implica continuos cuidados. Montserrat les decía a sus 'empleadas' que si querían librar tenía que enviar a otra chica a ese trabajo, que era imprescindible no librar, consta en el sumario.

Montserrat L. G. era conocida en Lugo como una empresaria que daba trabajo fácilmente a migrantes sin papeles. Esto lo han puesto de manifiesto todas las víctimas. 

Uno de los indicios más potentes que maneja el juez es la forma de cobro elegida por la investigada: sobres con dinero y con el nombre de la trabajadora a mano en un bar de Lugo. La empleada del bar está también imputada en la causa al haber repartido los sobres con las mensualidades de las migrantes. 

Además de esta empleada del bar, están imputados en la causa la hija de Montserrat, que, según el juzgado, era la presunta responsable de calcular el sueldo de cada una de ellas e introducirlo en los sobres; otra mujer que ayudó a repartir los emolumentos; un hombre que colaboró logísticamente y un empleado irregular que supuestamente se encargaba de facilitar el teléfono de Montserrat a las migrantes sin papeles y viceversa, aunque en este caso, es probable que no sea acusado finalmente.