El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este lunes que no acepta la decisión judicial de la magistrada que ha rechazado el confinamiento parcial en el Segrià (Lleida) y ha indicado que asumirá las "consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas".

"No aceptamos esta decisión judicial y el Govern toma la iniciativa con la convocatoria de un Consell Executiu que aprobará un plan de rebrotes para actuar con toda la contundencia que sea necesaria, en todos los rincones del país, en función de las situación epidemiológica", ha afirmado Torra en una comparecencia de urgencia junto con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

"Queremos superar la situación y en las próximas horas el Govern aprobará un decreto ley y dará más fuerza a esta decisión, que creemos que es la válida", ha explicado el presidente de la Generalitat.

Así ha reaccionado a la decisión de una juez de no ratificar el endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià, al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.

Mientras, el Gobierno ha descartado aplicar el estado de alarma en Lleida y asegura que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para actuar. Según fuentes del Gobierno, las autonomías cuentan con mecanismos suficientes como para poder actuar contra los posibles brotes de coronavirus que puedan surgir, si bien desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se avisa de que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas.

"No estamos de acuerdo con esta decisión judicial, no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven pero no puedo poner en peligro la salud de las personas", ha afirmado el president. Para Torra, se trata de "medidas de protección de la población urgentes que no pueden encallarse en un conflicto competencial o de formalidad por la vía de juzgados penales".

El plan de rebrotes que ha anunciado Torra, que aprobará el Ejecutivo catalán previsiblemente esta tarde, servirá para "dar más fuerza" y "mayor cobertura jurídica" a la resolución del confinamiento parcial de este pasado domingo, que considera que sigue siendo "válida". Torra ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando "todas las posibilidades" para reaccionar a la decisión de la juez.

Si bien Torra ha llamado a la ciudadanía a seguir las "indicaciones" de la Generalitat, en lugar de hablar de obligaciones, el presidente catalán ha subrayado que la resolución de este pasado domingo y la que se aprobará este lunes se circunscriben "al ámbito del derecho y la ley".

Así que "la secuencia lógica es que los ciudadanos cumplan con las resoluciones que dictamos" desde la Generalitat, ha remachado. Aragonès, por su parte, ha advertido de que "ninguna presión" les va a "frenar a la hora de tomar las medidas más oportunas" ante los brotes en el Segrià. El vicepresidente ha explicado que se ha constituido un "Procicat territorial en Lleida" para que "el territorio participe en la toma de decisiones".

Torrent: "No comparto el escrito de la Fiscalía ni el de la jueza"

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha criticado la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida: "No comparto el escrito de la Fiscalía y ni de la jueza".

En una entrevista este lunes en TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que la decisión de la Generalitat de prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat "no es un capricho".

Ha defendido que esta decisión está fundamentada en datos epidemiológicos y criterios sanitarios y que la Generalitat es la administración "más cualificada, es quien conoce más la realidad" del territorio.

"Deberían de respetar la decisiones técnicas basadas en datos y además este criterio de subsidiariedad", ha insistido el presidente del Parlament, que ha explicado que el Govern está reunido este lunes y pronto dará nuevos datos y hará lo necesario para preservar la salud de la ciudadanía, en sus palabras.

Torrent ha sostenido que "si se toman determinadas decisiones, por duras que puedan parecer, son para la salud de la ciudadanía", y ha subrayado que este pico de contagios en el Segrià no era previsible, porque la curva se había superado.

"Estar preparados quiere decir poder tomar decisiones que se puedan aplicar y que puedan ser efectivas", ha reclamado Torrent, que ha añadido que se deberá hacer balance una vez superado este brote, que ha calificado de inesperado.

Ha criticado que durante la emergencia sanitaria ha habido partidismo en todos los partidos políticos: "Esta es una crítica generalizada y también una autocrítica", y ha destacado que el Parlament haya aprobado por unanimidad 18 medidas para las residencias de gente mayor.

Vergés: el Govern buscará "el camino jurídico"

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que la Generalitat buscará "el camino jurídico" para poder aplicar las medidas de confinamiento por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià.

Vergés ha afirmado que buscarán la seguridad jurídica, ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa y salga "solo para trabajar y comprar lo necesario", y ha alertado de que el riesgo de transmisión del coronavirus en esta zona es alto.

"No tomamos medidas por gusto. No dejaremos de trabajar por la salud de la gente", ha sostenido Vergés, que ha añadido que el Gobierno es conocedor de las medidas que ha tomado la Generalitat, ya que así se lo ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ha avisado de que la situación es grave como para poner "los asuntos jurídicos por delante de la gente" y ha explicado que, aunque la decisión de la jueza se pueda recurrir, los recursos tardan unos días y estas medidas se deben tomar cuanto antes mejor para evitar que los datos de contagio vayan a peor.

El alcalde de Lleida, preocupado e irritado

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha asegurado este lunes que se encuentra "preocupado, irritado y esperando noticias claras", después de que una juez haya rechazado ratificar el confinamiento de Lleida y otros ocho municipios del Segrià ordenado por el Govern.

En una entrevista en Rac1, Pueyo ha admitido que las medidas de la Generalitat "se han tomado para proteger a la ciudadanía", aunque ha asegurado que no le gustan, y se ha preguntado "hasta qué punto la salud de la ciudadanía se tiene que poner en manos de una decisión judicial".

"Mi principal preocupación es la salud. Ayer teníamos 101 ingresados en los hospitales de Lleida, hoy 108", ha alertado el alcalde, que también ha informado de que 13 personas se encuentran en las ucis y que su media de edad es de 55 años.

Ante esta situación, Pueyo exige "claridad" al Govern, y a su vez, si es necesario, también al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "lo último que nos podemos permitir es la incertidumbre".

La Diputación admite que no pueden obligar a confinar

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha cuestionado "si la Justicia puede decidir sobre temas de salud", aunque ha admitido que no pueden prohibir que la gente salga de casa.

En una entrevista en Rac1, Talarn ha recordado que, en el caso de la Conca d'Òdena, se pudo confinar antes de la declaración del estado de alarma y que "si en un momento fue posible por necesidades de salud, ahora también lo debería ser".

"No se trata de prohibir que la gente pueda hacer cosas, se trata de evitar las cadenas de transmisión de la enfermedad. Lo que me preocupa de verdad es la enfermedad, que haya tantos positivos y tanta gente expuesta a una enfermedad tan peligrosa como el coronavirus", según Talarn.

"Me pregunto si la Justicia puede decidir sobre temas de salud. Entiendo que los vecinos del Segrià sí pueden salir de casa por ahora. No sé cuál es la documentación presentada a la juez. No sé si se aportó toda la documentación. Esto lo tendrá que decir la Generalitat", ha comentado el presidente de la Diputación leridana.