El juez Fernando Andreu interroga hoy a dos testigos protegidos en la causa por los atentados del 17-A, uno de ellos vecino de Alcanar (Tarragona), localidad de la explosión en la que murieron miembros de la célula que los perpetró, entre ellos su presunto líder, el imán de Ripoll.

Andreu decidió citarles en un auto en el que acordó levantar parcialmente el secreto del sumario, que se mantiene no obstante para las piezas relativas a las entradas y registros, las comunicaciones telefónicas, de protección de testigos y de comisiones rogatorias. Según el juez, estas cuatro piezas seguirán secretas ya que se siguen practicando diligencias que resultan "complejas y extensas" y que, de ser conocidas por las partes afectadas, "pudieran hacer estéril toda la actuación sumarial seguida".

Pese al levantamiento parcial del secreto en las piezas en las que estima que no perjudicará las investigaciones, Andreu ha decidido que las partes no puedan sacar del juzgado las imágenes de la célula terrorista manipulando explosivos en la casa de Alcanar, que saltó por los aires la víspera de los atentados, ni las que reflejan el momento del atropello mortal en las Ramblas.

Solo ha permitido que las visualicen en la secretaría del juzgado, con la expresa prohibición de efectuar copia para evitar su posible difusión externa, advierte el auto. Casi un año después de los atentados, en los que fallecieron 16 personas y un centenar resultaron heridas, la pieza principal de la causa abierta en la Audiencia Nacional por el 17-A consta de 21 tomos.

El magistrado ha levantado el secreto de esta pieza, la única que está digitalizada, y también de las relativas a las víctimas, los investigados fallecidos, los daños materiales, las personaciones y sobre la situación personal y patrimonial de los investigados.

Paralelamente, el juez ha desestimado en otro auto la petición del Ayuntamiento de Ripoll (Girona) -localidad de donde procedían la mayoría de jóvenes integrantes de la célula terrorista-, para poderse personar como acusación particular en el procedimiento judicial sobre los atentados. Cuestiona que la asistencia a vecinos de la localidad "equivalga a convertirse eventualmente en perjudicado directo de todo delito cuya existencia haga necesaria la prestación de un servicio".